No comulga con ella por falaz e indigesta.
Joaquín Leguina, un socialista histórico donde los haya, está harto de las elucubraciones de Pedro Sánchez para intentar reescribir la Historia de España.
El último despropósito, a juicio de quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid, es la mal llamada ley de memoria democrática que, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada este 14 de julio de 2022 en la última jornada del pleno del debate sobre el estado de la nación.
Respecto a la así llamada memoria democrática he tenido siempre una opinión negativa desde que el Gobierno de Zapatero puso en marcha la Ley de Memoria Histórica (52/2007). Esa ley no resolvió el problema de las familias que exigían su duelo sacando a sus muertos de las cunetas, pero sí se aprovechó para poner en solfa la Transición y a sus protagonistas, que, según los antifranquistas sobrevenidos, no habían sido capaces de pasarle la cuenta a la dictadura por sus fechorías (la carga principal se llevó a cabo contra la Ley de Amnistía de 17 de octubre de 1977).
Recuerda el político del PSOE que lo único que provocó Zapatero fue la apertura de viejas heridas que ya estaban cicatrizadas y que ahora se agravarán con la nueva ley:
Ese impulso legislativo sirvió para reabrir heridas y para mirar hacia el pasado, un deporte nacional que alimenta el sectarismo y el odio. El escritor Antonio Muñoz Molina lo vio así: «En un país casi siempre amnésico los fragmentos del ayer lejano regresaban como armas arrojadizas. El asesinato de García Lorca o el de Pedro Muñoz Seca, la matanza de Paracuellos o la de Guernica, la sublevación derechista de 1936 o la izquierdista de 1934. Agrias disputas políticas se organizaban en torno a la corrección legal de hechos irreversibles sucedidos en el pasado lejano». Pues bien, ahora la anunciada Ley de Memoria Democrática enviada a las Cortes el 30 de agosto de 2021 no hace sino insistir en aquellos dislates.
Apunta Leguina que al final se quiere hacer lo mismo que impuso Franco, pero al revés:
Más madera de la citada exposición de motivos: «La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida». Pues bien, ahora se quiere hacer lo mismo que hizo Franco, pero al revés.
Así, el texto considera víctimas a comunidades, lenguas y culturas. También mete dentro de la ‘verdad histórica’ uno de los bulos garzonianos, el de los bebés robados durante el franquismo. Sobre este asunto, la periodista Maite Rico ha escrito lo siguiente: «Se empezó hablando de 30.000 casos de niños robados y ahora vamos por 300.000. Al calor de la causa y las subvenciones han brotado asociaciones, observatorios, oficinas de atención a las víctimas, libros, documentales y telenovelas. Vamos a los resultados concretos. Casos denunciados e investigados: 2.139. Casos constatados: 0».
El socialista añade con retranca que:
A este paso, los libros escolares acabarán enseñando que José Calvo Sotelo murió de pulmonía, o que fueron las altas temperaturas las que provocaron durante la Segunda República terribles incendios en iglesias y conventos. Para los redactores del proyecto de ley, ni existieron los asesinados en Paracuellos ni hubo checas en Madrid y Barcelona.
Y termina señalando qué partido apoya con entusiasmo esta ley:
Para acabar de amolar el asunto y con el fin de sacar adelante esta ley, Sánchez ha buscado el apoyo de los proetarras. Bildu lo ha dejado claro: «Vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar» (Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de Bildu y antes periodista al servicio de ETA). Y yo me pregunto: ¿ETA, mientras asesinaba, secuestraba y perseguía a miles de españoles era también antifranquista?
