Desinterés generalizado en el 150 aniversario de la proclamación de la I República española.
Contra el olvido sistemático e interesado de hechos fundamentales de nuestra historia, por el simple motivo de que los protagonizaron otros, o por desidia manifiesta, o por no interesar por diversas razones el modelo que puedan representar. Contra el tupido, oscuro e inmenso bosque de ignorancia que parece extenderse en nuestra sociedad de manera premeditada e irremediable.
El pasado 11 de febrero se redondeó el 150 aniversario de la proclamación de la I República española. Salvo algunos escritos al respecto ciertamente aislados, fruto de egregias plumas; nada de conmemoraciones, nada de actos de diverso tipo, nada de casi nada. Como si fuese oportuno esconder su recuerdo en la amnesia colectiva a la que nos está conduciendo la actual política de borrado de huellas. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo podemos saber hacia dónde vamos? Sin “sectarismos” y sin “presentismos”, los dos “ismos” más letales con los que se están enturbiando hoy día las visiones de Clío, os invito a hacer un pequeño recorrido por esta experiencia singular de nuestra Nación. Veamos procesos y personas -focalizando principalmente hoy sobre la fecha antedicha-, porque es imposible entender unos sin las otras y viceversa. Naturalmente, el espíritu de síntesis que impone la naturaleza de este tipo de documentos puede hacer pensar que quedaron muchas cosas en el tintero. Asumido queda.
Martes, 11 de febrero de 1873. El diario La Correspondencia de España da la noticia de que el rey Amadeo I había abdicado. De manera inmediata, los republicanos de la capital salen a las calles pidiendo la proclamación de la República. El presidente del gobierno, Ruiz Zorrilla, trata de poner orden en su partido (Radical), que ostenta una amplia mayoría en la Cámara, y ganar tiempo. Este Partido Radical, y el Constitucional de Serrano y Sagasta, han gobernado con la monarquía y la admiten sin ningún tipo de sombra. No obstante, los diputados demócratas denominados “címbrios”, coaligados con Zorrilla, como Nicolás María Rivero –presidente del Congreso-, y el granadino Cristino Martos, ven ahora la necesidad de que se unan Congreso y Senado para elegir la forma de gobierno, al objeto de llegar a la República. Así, Rivero llama al Senado para debatir conjuntamente, mientras la gente se agolpa delante del Congreso sin que nadie lo impida. Congreso y Senado forman una Asamblea Nacional, tipo Convención, que asume todos los poderes.
Unas consideraciones. La Constitución en vigor en ese momento es la de 1869, promulgada el 6 de junio. No habían pasado ni cuatro años. Es, con mucho, la más democrática y progresista de todo el siglo XIX español, y sin ningún demérito con cualquier otra europea. Es monárquica, pero la primera de la centuria que no especifica quién es el rey, cuestión que sí se había producido en las de 1812, 1837, 1845, e incluso en la progresista non nata de 1856. La soberanía residía esencialmente en la Nación –como en Cádiz en 1812-, por lo que se abandonaba la cuestión de la “soberanía compartida” del 37, 45 y posterior de 1876. Además, había sido votada por cuatro millones de españoles por sufragio universal masculino –primera vez- de más de 25 años, aunque la transparencia de todas las elecciones en el siglo XIX, de todas, no fuera más que una quimera. No obstante, recuerdo que durante la Década Moderada de 1844 al 54, el voto censitario del momento no pasaba de unos 125.000 electores. Por su parte, el Título I, que hacía referencia a los españoles y a sus derechos, era encomiable. En definitiva, una Constitución que formó el esqueleto conceptual del denominado por la historiografía actual como “Sexenio democrático”. Entiendo que, a finales de los 60 del siglo XIX, ya hubiese querido la Francia de Napoleón III o la Prusia de Guillermo I disponer de unos fundamentos democráticos como los que incluía el citado texto. De Rusia y Turquía, no hablo.
Así que tenemos una Constitución recién votada en masa, y un rey que se ha producido de manera exquisita con ella. Pero Amadeo era extranjero, y los dos años escasos que llevaba ostentando la corona, habían transcurrido faltos del apoyo de su principal valedor, el general Prim, jefe de los progresistas, héroe de la Revolución del 68 de cuando “España con honra”, asesinado a finales de 1870. A esto se unía la guerra de Cuba que había estallado tras el “Grito de Yara” de Manuel Céspedes –10 de octubre de 1868-, la tercera Guerra Carlista para entronizar a Carlos VII –desde el 21 de abril de 1872-, y una situación económica y social desastrosa, con el agravante de no haberse eliminado cuestiones profundamente odiadas por la sociedad como las quintas, o los impuestos sobre el estanco del tabaco y los consumos. Estos tres aspectos habían sido parte del motor de la revolución del 68 que terminó con Isabel II en el exilio. Y no olvidemos el reparto de tierras exigido especialmente en zonas de latifundio, con mayor énfasis en las regiones del sur y este del país.
Ya el 7 de febrero del 73, las Cortes aprobaban la disolución del Cuerpo de Artillería, que se había negado a obedecer el nombramiento de un alto cargo del Ejército. Amadeo I decide abdicar ante el absurdo de dicha medida en un país que está sosteniendo dos guerras. Evidentemente, esto no es más que el chispazo, siendo todo lo anterior el sustrato. Llegados aquí, debemos transcribir al pie de la letra parte del documento de renuncia: “ […] Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha [de España], entonces… sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera […]”. ¿Podríamos determinar con exactitud en qué siglo está fechado este documento?
Cuando el presidente Zorrilla – que a posteriori sería republicano de convicción, de forma que durante la Restauración monárquica se exiliaba y volvía a España solo para morir – trataba de ganar tiempo, alegando que cómo era posible que una Cámara que había sido elegida como monárquica menos de seis meses antes -24 de agosto de 1872- se inclinase ahora por la República, era desautorizado por su ministro Cristino Martos, que se dirigió al hemiciclo asegurando que en cuanto llegase la renuncia del rey, el poder sería de las Cortes y que no había otra posibilidad que República. La rocambolesca situación queda aclarada si recordamos que la composición del Congreso era de 274 diputados radicales de Ruiz Zorrilla, 14 constitucionales de Sagasta y Serrano, 78 republicanos, 9 alfonsinos de Cánovas y otros 16 de diferentes partidos. Total, 391 diputados.
No quiero cansarles con los números. Pero son necesarios para enmarcar y dar sentido al proceso ocurrido. La mayoría de los trabajos sobre el 11 de febrero de 1873 se quedan en un escueto resultado de la votación a favor de la República de 258 votos a favor contra 32 en contra, lo que parece abrumador. Pero debemos recordar que los diputados eran 391, y los senadores cuatro por provincia, lo que nos llevaría a casi los 600 presentes en la autodenominada Asamblea Nacional. Y la calle, amenazadora, gritando a favor de la República. Juzguen ustedes.
Aparte de los números, está la controversia de la legitimidad o no de la proclamación. Veamos. Los cuerpos colegisladores (Congreso y Senado), no podían deliberar juntos, ni en presencia del rey (art. 47,1869); ello, según interpretación personal, para evitar que se perdiese el equilibrio legislativo que representaban. Por otra parte, estaban prohibidas las reuniones al aire libre en los alrededores del palacio de ninguno de los cuerpos colegisladores cuando estaban reunidos (art.55, 1869). Y en caso de extinción de la dinastía que había sido llamada a la posesión de la Corona –como había ocurrido por la abdicación- se prevenía que “las Cortes harán nuevos llamamientos, como más convenga a la Nación”, (art.78, 1869). Es decir, la Constitución vigente fue soslayada de manera múltiple y arbitraria, en función de los deseos de unas Cortes elegidas como muy mayoritariamente monárquicas. Una reforma de este calado debería estar canalizada tras la disolución por el rey de Congreso y Senado, y la convocatoria de nuevas Cortes (art.111, 1869). Pero ya no había rey, así que las Cortes se consideraron legitimadas para, siendo alfa, pasar a ser omega.
¿Había otro camino monárquico que no consistiese en buscar a otro rey en el extranjero dado el fiasco que se había producido? La respuesta es positiva. El príncipe Alfonso, que luego sería Alfonso XII, tenía 15 años en el momento de la proclamación de la República. Su madre Isabel II había abdicado en su favor el 25 de junio de 1870. Como no era mayor de edad, al no tener cumplidos los 18 años (art.82, 1869), requisito exigido por la Constitución, cabía la posibilidad del nombramiento de un regente, cuestión en la que Serrano estaba más que avezado; o cualquier otro. Aquí debemos recordar la frase de Prim de unos años antes respecto de una posible vuelta de la dinastía derrocada en septiembre del 68: “jamás, jamás, jamás”. Además, Cánovas, jefe de los alfonsinos, no quería ni oír hablar de una corona debida a las Cortes. Evidentemente, otra posibilidad hubiera sido nombrar rey al pretendiente carlista Carlos VII, pero aquí, huelga que diga que para los republicanos podría ser aún “peor, peor, peor”. Esta frase es mía. Montpensier, cuñado de Isabel II, ni se trataba; y Espartero ya había dicho que no, antes de venir Amadeo. Pero, que quede claro que este análisis de posibles pretendientes autóctonos es solo de quien esto firma, porque la Asamblea Nacional tenía claro ir a la República.
Así alboreó la Primera República. A partir de este momento se puso de manifiesto la falta de un camino a seguir consensuado de antemano, dado que sus protagonistas tenían conceptos muy divergentes sobre qué esencia debería tener: unitaria, federal de arriba abajo, federal de abajo a arriba, confederal…. Incluso las relaciones personales entre las principales cariátides que soportaban el frontispicio eran muy mejorables, por ser condescendiente. Estanislao Figueras fue nombrado Presidente del Poder Ejecutivo de la República, lo que nos puede llevar a pensar que la Asamblea no tenía muy claro el tipo de República que acababa de nacer. El título era rabiosamente similar al otorgado en la III República francesa a Adolphe Thiers dos años antes, reconocido como Jefe del Poder Ejecutivo de la República. ¿Se puede vivir sin copiar a Francia?
De otro lado, Cristino Martos pasó a ser presidente de la Asamblea Nacional; mientras que en el gobierno entraban cinco radicales: José Echegaray, Manuel Becerra, Francisco Salmerón, el almirante Beranger y el general Fernández de Córdoba. Los cuatro primeros habían sido ministros con Amadeo, y el quinto, seguidor de Narváez y los moderados en la década de los cuarenta. Supervivencia política a prueba de todo tipo de clima para todos ellos. Completaban el gobierno tres republicanos de pro: Emilio Castelar, Nicolás Salmerón y Pi i Margall. Unionistas los dos primeros y federal el tercero. La proporción de ministros parecer reflejar la existente en la Asamblea que aún permanecía, es decir, mayoría de radicales. Desde el primer momento las dificultades de entendimiento y las divisiones fueron profundas e inmediatas, vaticinando lo que se acercaba. No en vano, se trataba de un gobierno tipo “Frankenstein”, que se diría ahora, pero prometí que no haría “presentismos”.
Jacinto Romero Peña
