Las enseñanzas de Aristóteles siguen siendo esclarecedoras y gozan de gran relevancia en todos los ordenes de la vida y sobretodo en el mundo empresarial actual. Al aplicar conceptos –como ética, el liderazgo virtuoso, el bien común, la importancia de la comunidad y el desarrollo del potencial individual– las organizaciones pueden crear entornos mucho más éticos, responsables y prósperos.
Si esto es así y, no creo que nadie lo dude, excepto los necios y los tontos de baba. Por suerte, su número no es mayor porque España no es más grande. Si lo fuera… estaríamos perdidos.
Al gran filosofo, científico y «polimata» de Estagira, Aristóteles (384 a.C.) se le considera el precursor del «uomo universale» del Renacimiento y especialmente de su principal y máximo exponente, Leonardo de Vinci. De ahi lo de «polimata», del griego πολυμαθής (‘polimathós’), que significa “el que sabe mucho o muchas cosas». Tanto él como Leonardo, fueron unos grandes y auténticos «polimatas» y, que en la actual España del Sanchismo, por desgracia para todos, brillan por su ausencia.
Si damos por ciertos y válidos los principios de la lógica aristotélica, como son el «de no contradicción» y el «de tercero excluido», la malversación no puede ser » buena y mala a la vez. Según ambos principios; ningún enunciado puede ser verdadero y falso a la vez ( el de contradicción) y si existe una proposición que afirma algo, y otra que lo contradice, una de las dos debe ser verdadera, y una tercera opción no es posible ( el de tercero excluido).
Por tanto, ‘la malversación» definida por el Código Penal es «el delito cometido por un cargo público o funcionario al realizar una administración desleal o una apropiación indebida del patrimonio público». Las penas que se perciben por este delito varían según el patrimonio malversado, pero judicialmente nunca podrá ser buena o menos mala a la vez.
La LO 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la U E y reforma de los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso, establece. dos clases de malversación : una, «la clásica», consistente en la apropiación del patrimonio público por parte del funcionario o autoridad que lo tiene a su cargo, y otra, de nuevo cuño sanchista, en la que tiene cabida «la gestión desleal del patrimonio público» (efectuada por los sujetos de los ERE) esto es, la realización de actos de administración que excedían las facultades que le habían sido conferidas y que provocaban un perjuicio al erario público.
No obstante, es difícil justificar la supresión de la «gestión desleal» en el caso de la malversación, pues esto supone y conlleva una gran merma en la lucha contra la corrupción y favorece la revisión a la baja de las penas o de las acusaciones en procedimientos ya incoados.
Con esta rebaja de penas se estaría favoreciendo la corrupción. La esencia de la misma radica en que a menores penas, más predisposición a la comisión del delito. A partir de ahora se castigará solo la apropiación en el nuevo artículo 432 del Código Penal. Este artículo no castiga ya la administración desleal, sino la apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público; también se castiga el permitir a un tercero que se apropie del erario público indebidamente.
Así, se vuelve a un modelo de malversación pensado en la sustracción y no en la administración desleal. Aparte de referirse solo al tipo básico de la apropiación, con la reforma se exige el ánimo de lucro. Hasta ahora la ilicitud del delito residía en la infracción de los deberes de una administración desleal, es decir, mala gestión de los fondos públicos, y no era importante el ánimo de lucro, sino se tenía en cuenta el perjuicio del patrimonio de las administraciones públicas.
El Gobierno cree que no se producirán rebajas de penas a condenados por corrupción una vez que entre en vigor la reforma del Código Penal que incluye la modificación del delito de malversación, según fuentes de Moncloa.Sostienen que la disposición transitoria incluida en el Código Penal evitará que se produzca una situación similar a la de la ley del solo sí es sí, cuya aplicación está provocando una cascada de rebajas de las penas y de las excarcelaciones de condenados por delitos sexuales, gracias a la Ley podemita del » Solo sí es si» basada en la necesidad de un consentimiento sexual claro e inequívoco.
Según esta nueva ley el silencio o la falta de resistencia de una víctima no podría interpretarse como un visto bueno para la intimidad. Además, elimina la distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual.
Deberíamos recordar que, en sus albores políticos –tanto C’s como Podemos– pidieron poder eliminar los aforamientos de los políticos. Pero visto lo visto, ahora resulta que, no solo se han mantenido los aforamientos, sino que los magistrados pseudoprogresistas han establecido toda una serie de medidas para enjuiciar con «lenidad» (como dijo el Supremo) a muchos políticos.
¿No suena esto a una suerte de «trumpismo» a la española?.
Está empezando a calar la idea de que caminanos hacia una «sociedad dual», en la que los políticos pueden convertirse en una casta privilegiada a la hora de rendir cuentas de sus posibles delitos. De momento, los socialistas han amnistiado a los separatistas catalanes que c cometieron malversación y sedición y, ahora, están haciendo algo parecido con los prevaricadores y malversadores socialistas andaluces. Si nadie toma medidas para corregir el rumbo, la actual sospecha de que hay una doble vara penal de medir –según seas un político o un común mortal de a pie– puede transformarse en una una casta privilegiada a la hora de rendir cuentas de sus posibles delitos.
De momento, el Gobierno de Sánchez, ha amnistiado a los separatistas catalanes del Procès que cometieron «sedición» y «malversación» y, ahora, vuelve a hacer lo mismo con los prevaricadores y malversadores socialistas andaluces de los ERE.
Si nadie toma medidas para corregir el rumbo, la actual sospecha de que hay una doble vara penal de medir –según seas un político o un común mortal de a pie– puede transformarse en una convicción generalizada y ésta, una vez implantada, va a conllevar un absoluto rechazo a la democracia que se extendería de forma imparable.
Si creemos en la democracia de la Justicia y queremos que lo siga siendo, todos los que nos consideramos demócratas debemos trabajar juntos en contra de la impunidad, real o aparente, de los políticos que hayan podido cometer delitos y , a la vez, trabajar también para evitar el deslizamiento de nuestra democracia hacia formas populistas, como las que preconizaba «Robespierre» –el incorruptible, el jacobino de la democracia y del igualitarismo profundo”– de romper con «la equidad de los tribunales».
Quizás, en la actualidad, lo único verdaderamente progresista sea preservar la democracia basada en la Constitución de 1978, pilar fundamental de nuestra forma de gobierno: la «monarquía parlamentaria».
Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.
