El último acuerdo o, mejor dicho, la nueva bajada de calzones –del Partido Sanchista (PS) que preside el compulsivo, megalómano y ególatra Pedro Sánchez ante los altruistas y siempre muy desinteresados «nois» del prófugo, separatista y golpista Puigdemont– contempla la «transferencia» de ciertas competencias en materia del control de la «Inmigración» y de «fronteras» a la Generalitat de Cataluña. Esencialmente estas competencias incluyen: la gestión de los permisos de residencia, la administración de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y la participación de los Mossos d’Escuadra en las labores de seguridad de aeropuertos y puertos, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El termino «transferencia» es muy peligroso y, así nos lo ha dicho, advertido y repetido Elma Saiz, la ministra de Migraciones y Seguridad Social, que de eso debe saber mucho. Ese nuevo mantra monclovita –que todo el corifeo ministerial de cacatúas repite y repite, a troche y moche, hasta que ellos mismos se convenzan y se crean que nos han vuelto a engañado una vez más– al que todos han decidido llamar «delegación competencial» y no «transferencia. Claro que, una vez más y después de 15 largos años, las hemerotecas –a diferencia de Sánchez y su ministerial banda– que nunca mienten ni cambian de opinión vuelven a dejarles con las vergüenzas al aire. En 2010, tanto el mitómano Sánchez, como la ministra portavoz, Pilar «Bulería»(la de los bulos) y el ministro Marlaska (sin Grande desde que perdió la dignidad) repetían hasta la saciedad que las competencias exclusivas del Estado nunca, nunca podían ser «transferidas ni delegadas» bajo ningún concepto, según se recoge en la Constitución. Y ya sabemos lo que para ellos significa «nunca» y, por eso, lo repiten continuamente, pero de «boquilla pá fuera», no sea que, al final de tanto repetirlo, se convierta en «verdad», la liemos y entonces Puigdemont nos retire sus siete votos.
Y así es . La Constitución Española — la nuestra, la que en el 78 votamos todos los españoles que vivimos en las distintas Comunidades Autónomas y, por tanto tambien, en la Cataluña independentistas y que, por más que les pese, sigue siendo España por mucho que se empeñen en negarlo y en reconocerla y acatarla como tal– establece en su Art. 149. 1. 2ª que: «el Estado tiene competencia EXCLUSIVA en nacionalidad, inmigracion, emigración, extranjería y derecho de asilo». Sin embargo, en su Art. 150.2 permite que el Estado delegue o transfiera competencias a las Comunidades Autónomas a través de una Ley Orgánica siempre, que estas sean suceptíbles de ser transferidas «por su naturaleza».
La interpretación sobre qué competencias pueden ser transferidas es, hoy día, objeto de un importante debate entre expertos constitucionalistas. Mientras unos argumentan que las áreas que afectan a la unidad, seguridad y soberanía del Estado –como es el caso de la INMIGRACIÓN– «nunca deberían ser transferidas», hay otros que consideran que la «constitucionalidad» de las transferencias dependerá de cómo se concreten en la correspondiente Ley Orgánica pero «nunca» se deberá hacer mediante una Proposición de Ley. Así mismo cualquier otra concesión –delegación o transferencia– en este ámbito concreto, es sumamente peligrosa y abre las puertas de par en par a futuras demandas soberanistas.
La inmigración y las fronteras «no» son nunca transferibles por su «propia naturaleza», ya que están íntimamente relacionadas y afectan muy directamente a la soberanía del Estado, a la seguridad nacional y al orden público.
Por todo lo dicho y desde el prisma constitucional de nuestra Constitución, del mismo modo que el gobierno de Pedro Sánchez NO puede delegar ni transferir las competencias del control de las fronteras e Inmigración a la Generalitat de Cataluña –por mucho que intente sacarse de la manga un subterfugio lingüístico para confundir al pueblo llano– la Generalitat tampoco puede asumir dichas competencias. Lo que si podría es gestionar determinados aspectos administrativos dentro de los limites marcados por el propio Estado. Es aquí donde surge el conflicto: ¿ hasta qué punto la «gestión» de esos administrativos aspectos de la inmigración (como permisos de residencia o la gestión de CIEs) puede ser delegada sin vulnerar y sin perder el Estado su legitima exclusividad en esta materia?
En cuanto al paralelismo con Baviera y su famoso «método», es cierto que Alemania, pese a ser un Estado federal, permite que los «Länder» (Estados federados) tengan mucho más margen en la gestión de la seguridad y control migratorio. En los últimos años, las autoridades bávaras han implementado medidas más estrictas que incluyen: los controles policiales internos y la cooperación con la policía federal alemana para reforzar la seguridad en las fronteras. Sin embargo, Alemania, sigue manteniendo su política de migraciones como una «competencia esencialmente estatal», con la diferencia de que los gobiernos regionales aplican ciertas estrategias especificas dentro de ese marco general.
El problema en España es que, más allá del encaje legal, el contexto político genera serias dudas sobre las cicateras intenciones del gobierno de Sánchez al intentar vendernos el concepto de «delegación» con su última palabra de moda. Esto es percibido — incluso por el insigne barón socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page– como parte de una cínica y burda estrategia de concesiones a los partidos independentistas, lo que incrementa aún más la preocupación sobre las futuras consecuencias a medio y largo plazo. […] «A los que pergeñan estas cosas les interesa que todos los demás caigamos enseguida en la trampa de si el concepto «delegación» integral es constitucional o no», ha agregado el presidente Page dando por hecho que el Gobierno se encargará de que «sea constitucional», sí o sí, y más bien pronto que tarde.
A la vista de las mordaces críticas que está recibiendo el Ejecutivo monclovita desde casi todos los frentes politicos –incluso desde sus propias filas y de los que le apoyan–, parece ser que este debate no se resolverá solo desde el punto de vista juridico, sino que dependerá también del equilibrio entre el Gobierno y los partidos politico de la oposición y de cómo se implementen estas medidas en la práctica.
Conviene recordar las palabras del expresidente José María Aznar, cuando –refiriéndose al traspaso de las competencias de inmigración y fronteras a la Generalitat– dijo aquello de que:
[…]»Cuando un Estado cede las competencias en el control de la inmigración, pierde el control de sus fronteras y cuando ese Estado pierde el control de sus fronteras deja de ser un Estado». Esto es, ni más ni menos , lo que quieren Sánchez y Puigdemont: ¡ la desaparición de España como tal Estado!.
Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
