En su empeño por colonizar hasta el último y recóndito rincón del Estado, Pedro Sánchez y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, han dado una nueva vuelta de tuerca al concepto de separación de poderes con su proyecto estrella: la mal llamada «Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia», rebautizada ya por muchos juristas y magistrados como la “Ley Bolaños”. Una norma que, bajo la fachada técnica y anodina de “eficiencia”, esconde un diseño quirúrgico para afianzar el control político sobre la Justicia, marginar al Poder Judicial y consagrar una estructura institucional servil al Gobierno.
Desde su génesis, la ley ha sido cocinada en los despachos del Ministerio con la ya habitual receta del sanchismo: más propaganda, más opacidad y más desprecio a la crítica de la oposición . Dicen que busca agilizar los procesos judiciales, acercar la justicia al ciudadano y mejorar la organización territorial…pero la realidad es otra muy distinta: lo que busca es colocar un comisariado político en cada partido judicial, con la figura del nuevo «Director de la Oficina Judicial», elegido a dedo por el Gobierno, que relegará al juez decano —figura elegida por los propios magistrados— a un papel meramente ornamental.
I.- Las verdaderas claves del proyecto:
1.- Desplazamiento del Poder Judicial por la vía administrativa.
La Ley Bolaños crea una nueva jerarquía paralela a los jueces, en la que el Ministerio de Justicia podrá designar a estos nuevos “directores”, con amplias funciones de gestión y organizativas. Así, el Ejecutivo coloca una política correa de transmisión en la estructura judicial sin necesidad de tocar sentencias ni leyes: asi controla los medios, no el fondo, pero condiciona ambos.
2.- Marginación progresiva de los jueces.
Con esta ley, los jueces pierden capacidad real de dirección en sus propios órganos judiciales. Se convierten en operadores aislados dentro de un sistema gestionado desde la Administración General del Estado. No deciden cómo se organiza su juzgado, no gestionan recursos, ni personal, ni turnos. Todo eso quedará en manos del director político.
3.- Puerta abierta a una justicia desigual.
La aplicación territorial del nuevo modelo no será homogénea. Mientras algunas comunidades asumirán las competencias de forma plena, otras quedarán bajo el control directo del Ministerio. El resultado será una justicia a varias velocidades, con ciudadanos de primera, de segunda, e incluso, de tercera.
4. Debilitamiento del principio de independencia judicial.
La esencia de cualquier democracia está en una justicia independiente. Si los recursos, la agenda y la estructura responden a criterios políticos, los jueces se convierten en meros empleados del sistema, despojados, en la práctica, de autonomía. Esto no es eficiencia, sino simplemente servidumbre burocrática.
5. Blindaje político disfrazado de reforma técnica.
La Ley Bolaños permite al Ejecutivo colocar a siervos fieles en posiciones clave en plena ofensiva judicial contra el entorno del PSOE y sus socios. El mensaje implícito es claro: “si no podemos controlar a los jueces, controlaremos su contexto”. Una estrategia peligrosa, autoritaria y digna de las repúblicas bananeras social-comunistas.
6. Consolidación de la colonización institucional.
Esta ley no es una excepción, sino una pieza más en el puzle de ocupación del Estado. Como en RTVE, en la Fiscalía,en el CIS, en el CNI o, incluso, en el Tribunal Constitucional, lo que Sánchez quiere es convertir la justicia en una herramienta más al servicio de su narrativa, su impunidad y su permanencia en el poder.
II. -Las consecuencias para el ciudadano.
Mientras se dibuja una reforma con brochazos tecnocráticos, el ciudadano pierde garantías, transparencia y neutralidad. La justicia dejará de ser un poder que equilibra y limita al Ejecutivo, para convertirse en un engranaje más del aparato político. La eficiencia prometida no es más que una máscara para encubrir el deterioro institucional más grave desde la Transición.
Además, en medio de una Justicia colapsada, sin medios, con funcionarios en huelga o con plantillas insuficientes, el Gobierno elige gastar recursos en reestructurar el organigrama para mayor control político en lugar de reforzar lo que real y verdaderamente importa: más jueces, más personal y más medios tecnológicos.
III.- Una ley impuesta y rechazada.
Los jueces, fiscales, funcionarios y expertos lo han dicho alto y muy claro: «esta ley es un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial». Pero el Gobierno la impone a toda costa, sin consenso con las asociaciones judiciales ni con los órganos de gobierno del poder judicial. Es el «modelo Sánchez»: una mayoría parlamentaria como coartada perfecta –secumdum legem– para imponer decisiones que fracturan el sistema institucional.
A modo de conclusión, la «Ley Bolaños» no busca una justicia más ágil ni más cercana, solo busca una justicia más dócil. Es una ley solo al servicio de la conveniencia política, no del ciudadano. Su objetivo no es otro que convertir al sistema judicial en un ecosistema sumiso, administrado por leales paniaguados y controlado siemprec desde la Moncloa.
Pedro Sánchez ya no disimula. En el fondón, su proyecto no es democrático aunque intente envolverlo con formas parlamentarias. Es una clara regresión institucional y delicadamente envuelta en fino celofán tecnocrático. La «Ley Bolaños» es, en definitiva, el último capítulo del manual de resistencia. ¡Resistir en el poder, aunque se hunda el Estado de Derecho!. Con ella aprobada, sí que podremos afirmar que definitivamente ¡ Montesquieu ha muerto ! Esto es lo que se supone que Alfonso Guerra dijo en 1985, cuando el PSOE aprovechó su aplastante mayoría para reformar la Ley del Poder Judicial, con lo que, –aunque no lo expresara el entonces vicepresidente del Gobierno– acababan de hecho con uno de los tres poderes, al anular la independencia del poder judicial. ¡Aquellos fueron los polvos y estos…, los de ahora, los lodos!
Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
