José Muñoz Clares
Departamento de Derecho penal
Universidad de Murcia
Hay dos tipos de sistemas jurídicos: los que entienden que la libertad es la norma y su privación la excepción, minoritarios, y los que, como el nuestro y la mayor parte de los del tercer mundo, entienden que tener preso al imputado es esencial para la buena instrucción de una causa y para tranquilidad espiritual de los agraviados.
Es una de las gracias que heredamos de la dictadura, de ahí que nadie se pregunte por las pruebas que hay contra el individuo que quedó en libertad por un error que achacan a Juan del Olmo, cuando es lo cierto que a El Harrak se le acusa de ser tenido por hombre de confianza de algunos de los implicados pero no se le ha probado participación alguna en los atentados.
La gente, sin embargo, lo quiere preso (como a otros los quiere ahorcados) porque los jueces no serían tan justicieros si no hubiera una sociedad acostumbrada al circo y proclive al ¡Vivan las caenas! que así se lo demandara. A este El Harrak puede que le pase lo que a uno de los procesados en España por el 11S neoyorquino, que lo tuvo en prisión más de dos años la Audiencia Nacional por haber ido a Nueva York de turista y haber filmado en vídeo una toma de la ciudad en que aparecían lejanamente las Torres Gemelas; el Supremo lo puso en libertad a prisa y corriendo, por supuesto sin indemnización (¿quién de entre nosotros no ha estado preso injustamente un par de años?), cuando a la hora de revisar la sentencia comprobaron que contra él no había prueba alguna. Ahora los enemigos de Juán del Olmo quieren que la justicia repita error pues, al fin y al cabo, ¿qué le importa a ellos los derechos constitucionales de un moro comparados con la tranquilidad anímica de Pilar Manjón?
El juez del Olmo es de Murcia; aquí estudió y aquí sirvió, primero en Cieza (donde organizó una llamativa redada anti putas de imborrable recuerdo para quienes ejercíamos el Derecho penal) y luego en el Penal 4, donde dejó fama de juez mesurado, respetuoso y cumplidor.
La baja forzada de Gómez de Liaño (el luego prevaricador) le allanó el camino en sus aspiraciones profesionales, de donde ahora lo quieren apear Jiménez Losantos, el PP, la COPE y algunos otros desharrapados intelectuales partidarios del “cuanto peor, mejor”.
Para ello han orquestado una campaña de desprestigio que la AVT ha aprovechado para pedir que lo cambien por un juez imparcial, como si lo que ha pasado tuviera algo que ver con la parcialidad del juez y no, entre otras cosas, con la desidia de los abogados de las víctimas, pues es de recordar que el abogado de la defensa se percató del vencimiento del plazo pero los de la acusación no.
Lo que ha pasado lo debió impedir en primer lugar la fiscal adscrita al caso (ya expedientada) y, en su defecto, los abogados de las víctimas (ni expedientados ni por expedientar: la abogacía española vive en un limbo de irresponsabilidad sólo asimilable a la que disfrutan los jueces… menos Juan del Olmo) pues, por ley, sólo las acusaciones pueden solicitar la adopción o prórroga de medidas cautelares hasta el punto de que si lo hace un juez por sí y ante sí se descalifica precisamente por parcial.
Hablamos de un juez abrumado de trabajo, con doble glaucoma pendiente de intervención, autor de un auto de procesamiento de 1.300 folios (a mí la tesis doctoral me costó cuatro años y no pasé de 750 folios), cuya enorme falta ha consistido en poner “16” donde debió poner “6”, hecho que para esos ignaros evidencia la intencionalidad a la hora de dejar en libertad a Saed el Harrak.
Ahora el CGPJ tiene ante sí una alternativa endemoniada: echar a Juan del Olmo a los leones para contentar a unas víctimas cuyas representaciones jurídicas son responsables de no haber hecho nada por evitar aquello de que se quejan o, alternativamente, echar mano del corporativismo y ni reñirle, con la mala prensa que eso tiene a ojos de Losantos y gentes de su cuerda. Así que está el areópago de los jueces que no se le cuece el pan, dudando entre sacrificar a Juán para salvarse ellos o hundirse un poco más en la miseria cogidos de la mano de Juán.
Aunque la mía no es una buena defensa y podría resultar hasta contraproducente (mi relación con los jueces penales se podría definir diciendo que nos hemos retirado hasta el eructo) diré que si el CGPJ acaba por apear a Juan del Olmo del juzgado que ocupa habrá truncado tontamente una carrera profesional seria y valiosa satisfaciendo a quienes desde dentro quieren verlo fuera.
Que fuera precisamente durante la sustitución de la jueza Teresa Palacio cuando se desató la cacería me sugiere una florentina intriga cortesana, pues fue esta representante del star system judicial la que para lustre de su carrera disputó acremente a Juan la competencia para instruir el suicidio de Leganés.
¿Aprovechó luego la ocasión de la baja de Juán para dejar al colega con el culo jurídico al aire? Dado el ambiente enrarecido de la Audiencia Nacional, donde las navajas vuelan, no me extrañaría, pues son funcionarios proclives a cruentas disputas por plumas al modo en que lo hacen los pavos reales, el animal más engreído y soberbio de la creación sólo aventajado por la judicatura española.
Una cosa tiene de bueno el enredo: evidencia las enormes lacras que padece nuestro sistema judicial penal, que antes o después caerá colapsado por su propio peso muerto, de modo que la sociedad va tomando conciencia de en manos de quién estamos cuando de impartir justicia penal se trata. En el camino nos estamos jugando a un buen juez, al que el CGPJ debería no sancionar o, puestos a condescender, sancionar sólo económicamente pero manteniéndole el puesto; con ello conseguiríamos un Juán del Olmo aún mejor profesional una vez curado de soberbias por el machaque a que lo están sometiendo.
Si lo dejan vivo esos miserables que lo quieren profesionalmente muerto Juán habrá ganado la madurez que sólo da el haber pasado unas cuantas malas noches; ahora sabe qué hay de verdad en las protestas de compañerismo que entre ellos se profesan profusamente y, sobre todo, ahora está preparado para no llorar frente a una víctima como ingenuamente hizo.
Y, por último, algo que circula por los mentideros jurídicos pero no sale a la luz: la labor investigadora de Del Olmo no ha producido más frutos (“toda la verdad” piden los ilusos) porque algunas líneas de investigación se estrellaron contra los servicios secretos, ese terreno movedizo y oscuro donde las cosas más peregrinas son posibles en la mayor impunidad.
Con la circunstancia agravante de que los servicios secretos, para cuando el atentado, estaban en manos de quienes ahora piden la cabeza de Juan del Olmo en bandeja, tal como otrora hiciera la pérfida Herodías con la cabeza de otro Juan, apodado El Bautista.
En cualquier caso el culebrón amenaza con nuevos y divertidos capítulos. Pronto tendremos noticias que espero sorprendentes, como no puede ser menos de un órgano como el CGPJ, con su marcada tendencia a nadar, guardar la ropa y, mientras tanto, andar poniendo multas a quien nada en las mismas aguas y deja la ropa en la orilla: el artificio consiste en multarlos por nadar desnudos, como parece que le puede pasar a Juán.
