Jesús Salamanca Alonso
Profesor EPA y analista político
La Ley de Calidad de la Educación (LOCE), ya derogada, establecía un nuevo modelo de dirección de centros docentes. Todas las comunidades autónomas respetaron los principios de publicidad, mérito y capacidad, pero ninguna llegó a sobrepasar el límite democrático como lo hizo la comunidad de Castilla y León.
Es precisamente en la composición de la comisión de selección donde la Administración educativa se reservó el derecho a nombrar tres de los cinco miembros, garantizándose el derecho de selección, exclusión y manipulación. Éste es el punto que más ofendió al profesorado, al soterrar un principio democrático hace tiempo consolidado. La merma de la participación de la comunidad educativa puso en entredicho algunos valores que por desgracia han empezado a olvidarse en esta comunidad por conveniencia, comodidad, apoltronamiento y desidia, además de desprecio y dejadez hacia el ciudadano.
Esa merma de participación democrática fue uno de los puntos donde más se centraron las críticas de las organizaciones sindicales, asociaciones de padres y madres, profesorado y equipos directivos de los centros docentes públicos.
A todo ello hay que añadir las numerosas incoherencias en que se puede incurrir con una convocatoria como la de referencia. A pesar de haberse derogado la LOCE, la convocatoria correspondiente al presente año se ha hecho con las mismas características. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han apresurado a sacar la convocatoria, con el fin de que la aprobación de la LOE no dificultara sus intereses. Es algo que no podemos entender.
Pueden darse casos como que la comisión de selección rechace a uno o más candidatos del propio centro y, sin embargo, alguno de esos mismos candidatos sea nombrado con carácter extraordinario por el propio director o directora provincial de educación, e incluso que se nombre un “advenedizo” por simple interés, manipulación o tráfico de influencias. Se da la circunstancia, en ocasiones, de obligar al profesorado a asumir la dirección de un centro docente sin que exista nombramiento de ningún tipo: ello genera problemas de organización en el propio centro, dificultades en las relaciones interinstitucionales, imposibilidad de configurar el horario, desconcierto al elaborar la Programación General Anual, imposibilidad de cumplimentar el documento de organización de centro, dudas a la hora de asistir a reuniones de directores, además de la nula coordinación entre la Administración y los equipos directivos.
Y por si la incoherencia mencionada no era suficiente, existen decenas de centros educativos públicos en la Comunidad donde no se han presentado candidatos a la elección de directores. En estos casos, desde las Direcciones Provinciales de Educación de Castilla y León, siguiendo lo establecido en la normativa vigente, se suele proponer como director o directora a candidatos con los que ni siquiera se ha contado en muchos casos y, por si no era suficiente, llegado el momento se les niega la información y el asesoramiento desde las instancias correspondientes. Ello es una prueba de cómo en pleno siglo XXI se sigue haciendo uso de un procedimiento dictatorial propio de otros tiempos, así como del desconocimiento más vulgar de la fluida comunicación con el administrado, a la que siempre aludía, e insistía en su permanencia, el anterior consejero de educación de Castilla y León, Tomás Villanueva.
Hoy las formas han cambiado tanto que los claustros de profesores han perdido la confianza en la Administración educativa autonómica y las asociaciones de padres y madres ven cómo desde la Consejería de Educación se merman sus derechos de participación democrática en los centros docentes públicos.
Ante la situación que se ha creado en Castilla y León, otras comunidades autónomas observan sorprendidas, abrumadas y – en muchos casos – con cierta lástima, al comprobar el peso que ha perdido la comunidad en todos los foros educativos. Un peso que, con el que fuera consejero de educación durante la anterior legislatura, no dejó de crecer durante toda la legislatura, hasta el punto de considerarse modélica su etapa en Educación y Cultura por la propia oposición. Si alguien pensó que los perfiles de los consejeros no cuentan, deberá aprender a reinterpretar las situaciones. En ello, el presidente Herrera tiene mucho que aprender, decir y decidir, sin retrasar más la solución y los ceses necesarios, ante la fuerte crisis que sufre el gobierno de la comunidad, en departamentos como sanidad, fomento y educación; una crisis que los últimos cambios no han subsanado, ya que se han remodelado instancias intranscendentes para el ciudadano, cuando la crisis aguda y real se encuentra Consejerías muy concretas y no en instancias inferiores.
