Sr. Director: Le escribo en relación con la noticia de que el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Paridad del Gobierno, frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra esa ley.
Aparte de que esta Ley me parece un disparate al obligar a las empresas en sus consejos de administración y a los partidos políticos en sus listas electorales no más del 60% ni menos del 40% de personas de cada sexo, es que además no se puede acusar la PP de «machista», como está haciendo el PSOE cuando precisamente el PP puso ese recurso porque esa Ley le impedía presentar al Ayuntamiento de Garachico (Tenerife) una lista complemtamente con mujeres.
Además, el Tribunal Constitucional emite esta sentencia en pleno, es decir, con sus doce magistrados, y resulta que casi todos ellos son hombres (10), frente a sólo dos mujeres (aunque una de ellas sea la Presidenta), es decir, que menos del 20% de los magistrados del Tribunal Constitucional son mujeres. Aunque esta Ley de Paridad no obliga al Tribunal Constitucional a tener al menos un 40% de magistradas mujeres, resulta absurdo que un tribunal avale una ley que él mismo no cumple ni de lejos.
Es un caso de clara injusticia material que a un tribunal le parezca legítimo imponer a otros lo que él mismo no cumple, sobre todo cuando la obligación de un tribunal es hacer justicia, en lugar de admitir discriminaciones injustas.
