Los niños y las niñas con diversidad funcional (no con discapacidad) necesitan pactos que los contemplen como ciudadanos y ciudadanas del Estado en el que viven
El Estado español, nuestro gobierno español, está sentando las bases de un nuevo pacto por la educación. Porque como es natural, la sociedad cambia y acoge nuevas realidades para ir en consonancia con la actualidad. Realidades como los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, pero la alta inmigración; y realidades como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en los hogares y en las escuelas.
Sin embargo, nuestro gobierno sigue negando una realidad latente en nuestra democracia, sin querer o queriendo sigue obviando el derecho a vivir en igualdad de oportunidades que tenemos las personas con diversidad funcional, y prueba de ello es el nuevo pacto por la educación, en el que no se contempla en absoluto una vedadera educación inclusiva.
La educación es un derecho constitucional y como tal debiera serlo para todos los niños y niñas, debe ser un derecho garantizado desde la guardería hasta la inserción laboral, y este sólo se podrá garantizar con recursos humanos, profesionales preparados para atender a todo el alumnado, y no solamente en la formación cultural, sino sobre todo en la formación ciudadana; recursos materiales accesibles a todas las personas; y recursos logísticos suficientemente flexibles para atender a todas y cada una de las comunidades educativas: barrios, cudades, pueblos, etc.
Los niños y las niñas con diversidad funcional (no con discapacidad) necesitan pactos que los contemplen como ciudadanos y ciudadanas del Estado en el que viven, necesitan recursos a medida para poder ser y crecer en igualdad de oportunidades y derechos. Por eso unas cuantas madres de niños y niñas con diversidad funcional han creado este espacio en el que exponen un manifiesto y recogen firmas para que sus niños y niñas puedan acceder a una eficaz educación inclusiva.
