Cualquier español que respete la legalidad ha de estar orgulloso de la profesionalidad, independencia y acierto de la juez Lamela, en relación con el auto de prisión provisional dictado hace unos días para una parte de los exconsejeros del Gobierno de Cataluña.
Los delitos de los que se les acusa son de extrema gravedad: rebelión, sedición, malversación de dinero público y desobediencia.
Si a estos delitos sumamos la fuga del expresidente catalán Puigdemont y unos cuantos exconsejeros, tenemos los ingredientes más que necesarios para un encarcelamiento preventivo.
Nos encontramos ante un ejemplo de lo que debe ser la división de poderes, gracias a la cual tenemos a unos políticos presos y no presos políticos como intentan hacernos ver algunos, ya sea sirviéndose de determinados medios de comunicación, ya de instituciones como el ayuntamiento de Barcelona, de colegios o de estadios que se tenían que haber clausurado hace tiempo por una buena temporada.
No hagamos caso de las lágrimas de los que presuntamente han intentado trocear España saltándose todo tipo de sentencias y disposiciones legales y,además, incitando al odio al resto de los españoles con campañas financiadas con dinero público, que se podía haber destinado a otros fines como políticas sociales, sanidad, infraestructuras, etc.
Con dichos fondos públicos malversados, pues, se podían haber atendido muchas necesidades urgentes de los catalanes. Estos políticos presos son los del «España nos roba».
Una sociedad democrática y un Estado de Derecho no han de ser tolerantes en modo alguno con delitos y comportamientos semejantes, que lo que provocan es la fractura social y la desestabilización política y económica de la región catalana y, por supuesto, del resto de España cuyas perspectivas de crecimiento van a la baja.
Jesús Manuel Díaz Lorente
