25. Mayo 18.- El consejero secretario del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Daniel Sirera, ha presentado este miércoles una demanda contencioso-administrativa contra el acuerdo adoptado por parte del presidente del Consejo, Roger Loppacher, el Vicepresidente Salvador Alsius y la consejera Yvonne Griley, que obligó a Sirera a abstenerse en el debate sobre el análisis del programa de Catalunya Ràdio en el que Mònica Terribas pidió a la audiencia que llamase a la emisora para ir delatando los movimientos de los vehículos de la Guardia Civil y del CNP, en el marco de la operación judicial y policial contra los preparativos del referéndum ilegal del 1-O.
Esta actuación de Terribas provocó que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil profesional presentase una denuncia contra la periodista que recibió, vía Twitter, el apoyo de la decana del Colegio de Periodistas de Cataluña y periodista de Catalunya Ràdio, Neus Bonet, en los siguientes términos: «Mi apoyo personal a Mónica Terribas. Y el de tu colegio #llibertatdexpressio». Daniel Sirera contestó a la decana desde su cuenta personal de Twitter con el texto «Periodismo al servicio del régimen».
Esta respuesta de Daniel Sirera motivó que la decana enviase al presidente del Consejo una carta en la que mostraba su queja por lo que consideró «una falta de respeto institucional» por parte de Sirera. Loppacher decidió entonces aprovechar esta queja para encargar un informe al área jurídica del Consejo que pudiera justificar que Sirera fuese apartado de la votación sobre este asunto que, según la demanda presentada, «vulnera la legalidad constitucional y las leyes administrativas».
La demanda relata como en el orden del día del pleno en el que se apartó a Sirera de la votación «no había ningún punto sobre esta grave decisión ni se le facilitó el informe del área jurídica con la antelación prevista en el Estatuto Orgánico y de Funcionamiento del CAC».
ABUSO DE DERECHO
Según la demanda, «No debió privarse al Sr. Sirera de su derecho al voto, obligándole a abstenerse, pues no fue solicitada por persona interesada su recusación o abstención. (…) En cambio, el presidente del CAC, Roger Loppacher, el vicepresidente Salvador Alsius y la consejera Yvonne Griley «ad cautelam», decidieron privar a Sirera de su derecho al voto. Prejuzgar la actuación del Sr. Sirera es un ataque a su imparcialidad; es un abuso de derecho», concluye.
La demanda argumenta que la ley establece claramente cuáles son las causas que se enumeran para imponer una abstención o recusación a un consejero, «enumeración que es taxativa y de carácter cerrado» aunque denuncia que el Área Jurídica del Consejo fue más allá de la norma en su informe al señalar que «a estas causas tasadas hay que añadir la eventual sospecha de parcialidad que comportará que la autoridad o personal bajo la que recae, aunque sea por mera apariencia, también deberá abstenerse».
SILENCIAR AL DISCREPANTE
En opinión de Sirera «no existe ni concurre causa legal de abstención y pretender que la «apariencia» se convierta en una causa no es más que una forma terrible de discriminar por razón de opinión y de limitar su derecho a expresarse libremente y un precedente para la apertura a una inseguridad jurídica inaceptable en una sociedad democrática. Tolerar este comportamiento es dar carta de naturaleza a una insoportable censura previa («prevenir recusaciones») a aquellas opiniones discrepantes que no resulten del agrado de la mayoría ideológica circunstancial del CAC».
DESVIACIÓN DE PODER
La demanda considera que la decisión del presidente, vicepresidente y una consejera del Consejo supone una evidente actuación administrativa que «incurre en una desviación de poder y abuso de derecho pues el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ejercita su potestad cuasi-sancionadora vulnerando el procedimiento legal establecido para ello y produciendo una grave indefensión» en el consejero Sirera y todo ello con «una finalidad política distinta a las encomendadas por la ley».
MALA FE
Por último, la demanda considera que el presidente del CAC actuó con «mala fe ya que encargó un informe en el que solicitaba una base con apariencia jurídica para vulnerar los derechos del consejero Sirera» y que, «a pesar de ser consciente de que no existía justificación legal alguna para ello y a pesar de ello, Loppacher, que ha sido profesor asociado del área de derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, tomó la decisión de someter a votación la abstención de Sirera con el único fin de apartarlo de la votación y poder exculpar así a Terribas sin tener que recurrir éste a su voto de calidad».
