Es cierto que culpabilizar con nombre y apellidos es siempre ingrato y, a veces, hasta peligroso. De ahí que el ciudadano medio prefiera, forzado, acabar viendo como sainete lo que es drama.
En este sentido, recordemos que en 2008 hubo políticos, o voceros de la política, que acusaron de la crisis financiera a las familias españolas por sobreendeudamiento.
Dicha acusación se saldó con una sanción generalizada a todas ellas de 122.000 millones de euros que fueron a parar a la banca.
El sinsentido se agravó cuando a dichos gobernantes se les ocurrió animar a las familias sancionadas a consumir más para salir de la crisis. Obviando, o haciendo ver que debería obviarse, que la tasa de parados aumentaba un 41% y un 60% respectivamente durante los años 2008 y 2009. Como sabemos, a día de hoy todavía no se han depurado las responsabilidades por todo lo ocurrido.
A poco más de una década, y aplicando la misma lógica, los nuevos gobernantes vuelven a culpabilizar a las familias españolas del drama de la pandemia que ellos mismos han generado.
Esa parece ser su mejor defensa: culpabilizar antes de ser culpabilizados. Sancionar a 800.000 ciudadanos antes de que éstos les puedan juzgar por no tener objetivos previamente establecidos ni saber coordinar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros disponibles.
