El motivo está relacionado con la falta de declaración del ejercicio del año 2019.
De acuerdo a la AT, existía la obligación por haberse recibido algo más de 15.000 euros de diferentes pagadores durante el año 2019.
Por no haber cumplido con la obligación de declaración, dadas esas circunstancias, se obliga a pagar aproximadamente 2200 euros mas 500 euros aproximadamente de penalización.
Sin embargo, se ha realizado un recurso porque los cálculos de la AT no parecen corresponderse con la realidad.
Estos son los pagadores y las consideraciones a mencionar:
- 1. Una universidad privada donde los cálculos del rendimiento de trabajo de la AT sí parecen corresponderse con los datos reales.
- 2. Una universidad pública donde no se ha considerado que el trabajo se ha realizado como trabajador desplazado en otra universidad de Europa, y por tanto se contempla excesión de la declaración. Además, en este caso, parece, según los datos aportados por la AT, que la propia universidad no está declarando los datos de manera correcta.
- 3. Una universidad pública donde se realiza la actividad docente, actividad que es en numerosos casos llevada a cabo por profesores con altas cualificaciones, pero donde NO se hace un contrato a los profesores, donde tampoco hay ningún documento que indique que se trata de otra actividad, porque son responsables de impartir las asignaturas de los grados, donde se paga muy poco en condiciones de explotación laboral y una figura que además se rige únicamente por un real decreto de 1986 que no considera esta relación rendimiento de trabajo y que por tanto no ha de declararse.
- 4. Sepe (prestaciones por desempleo). Si bien es cierto que se consideran las prestaciones por desempleo en la declaración, no es menos cierto que es un abuso, en tanto que ya se ha declarado previamente como salario.
- 5. Además, la AT, considera de manera incorrecta bienes patrimoniales de manera no transparente, de forma que no es posible calcular de donde se quiere hacer pagar a este ciudadano español 2200 euros aproximadamente.
Se interpuso recurso y la respuesta que se ha obtenido de las personas responsables de la AT ha sido en primer lugar, rectificar respecto a la cuestión patrimonial, y no rebajar más de unos 50 euros aproximadamente de esos 2200 euros, sin que además sea posible nuevamente entender cómo se han realizado esos cálculos.
Pero además, la AT dice que no considera el trabajo realizado como trabajador desplazado argumentando unos motivos que no están recogidos en la ley. Y tampoco han considerado nada más, y ni siquiera lo han mencionado, respecto a la tercera cuestión descrita aquí. De modo que obligan a seguir pagando unos 2100 euros, sin saber por qué. Más unos 500 euros de sanción.
Pero no sólo eso, sino que además, la AT AMENAZA en el escrito al ciudadano español con penalizarlo con otros 500 euros aproximadamente en caso de que vuelva a ejercer su derecho a recurrirlo, con todas las evidencias que demuetran que los cálculos de la AT son incorrectos y se está produciendo una situación de abuso de poder.
¿Qué se han creído?quienes creen que son? Qué creen que son las instituciones y al servicio de quien creen que están trabajando? Las instituciones y sus empleados están para servir a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de las sociedades; no para abusar de la ciudadanía, expoliar y hundir las sociedades con prácticas muy poco transparentes y de dudosa legalidad.
Me gustaría que esta noticia, con la información que la avale, sea publicada en diferentes medios para que más personas que puedan estar siendo víctimas de abusos y maltratos económicos similares, puedan universe y defender sus derechos.
Gracias
