Las Comunidades Autónomas lastran el déficit del Estado
El desenfreno parece haberse apoderado de las empresas públicas, víctimas de los aires de grandeza de los Reinos de Taifas, que se apoderan por todo el territorio nacional del dinero que las clases medias trabajosamente ganan.
Mientras ciudadanos, autónomos y empresarios padecen día a día el peso de la crisis y se ven obligados a apretarse el cinturón hasta el punto de cortarse la respiración, los poderes públicos continúan con su “orgía” de gasto deficitario sin parangón.
Las cuentas no cuadran no sólo en el gobierno de la nación, que cada vez cuenta menos, en un contexto donde el verdadero gasto está en manos de las autonomías, las administraciones locales son responsables de uno de los mayores “rotos” de la economía impulsando las cuentas públicas al un abismo que ni el propio Tolkien hubiera podido incluir en el Señor de los Anillos, por considerarlo más cruel que los orcos de Cirith Ungol.
Dos comunidades autónomas se han puesto recientemente de moda en los medios, como ejemplo de derroche, protagonizado por los dos partidos nacionales más importantes.
En la mediterránea Comunidad Valenciana, la deuda de las empresas públicas supera los € 11.300 millones (lo que la Ministra de Economía pretende recaudar con la subida del I.V.A.). Frente a esta situación Camps anunció recientemente la fusión o desaparición de 15 entes dependientes de la Generalidad al tiempo que confirmaba un mayor control del gasto de su administración, como medida para paliar las complicadas cuentas públicas.
El Vicepresidente apuntó que se eliminarán o fusionarán 9 fundaciones y 6 empresas públicas, la Sociedad para la Imagen Estratégica de la Comunidad y la Sociedad Proyectos Temáticos se fusionarán. Otras propuestas, en un intento de reconducir la situación, son los cambios de aquellas sociedades que tengan un presupuesto menor que en el ejercicio anterior. La Agencia Valenciana de Turismo, el IVAM, Teatros de la Generalidad y el Instituto Audiovisual Muñoz Suay han visto recortado su presupuesto, situación que les pone al pie de la desaparición.
En Andalucía, el diario ABC recientemente descubrió nuevas estructuras dependientes directamente de los poderes públicos regionales que lastran los pobres bolsillos de los ciudadanos. La comunidad autónoma del sur cuenta con la friolera de 250,000 funcionarios (mientras que la tasa de paro se sitúa por encima del 24% y el 30% en muchas localidades), distribuidos en 15 consejerías y un presupuesto de €32,000 millones. Según ABC, la administración posee además 54 empresas constituidas por 19.751 de trabajadores (cifras de 2007) seleccionados sin concurso, que en muchos casos hacen un trabajo paralelo al de las administraciones publicas, cuando no iguales, sin ningún control parlamentario.
En 2008 el entramado de empresas ha tenido un coste de €5,282,639,111 que se paga a través de la Junta de Andalucía mediante transferencias de dinero en concepto de: subvenciones, encomiendas de gestión, ampliaciones de capital o bien mediante la petición de la realización de un determinado servicio.
No hace falta recordar el número de Reinos de Taifas con los que cuenta el Estado, en los que se pueden encontrar prácticas de extensión de los poderes públicos a cada cual más original. El resultado es la contribución a un déficit público imparable y descontrolado que provoca la “insostenibilidad” total del sistema.
