MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Triste país, dijo el filósofo, aquel en el que hay que explicar lo evidente. Hoy, lo evidente, en medio del temporal político, se llama Estado de derecho, que es ese sistema de convivencia en democracia que prescribe la supremacía de la ley y de su aplicación por los jueces por encima incluso de la conveniencia política, económica o social. Culpar la Gobierno de la fuga del etarra Troitiño por no haberlo vigilado tras su inexplicable excarcelación puede ser rentable políticamente, pero no es apropiado: la ley impedía que fuera seguido y solamente violándola hubieran las fuerzas de Seguridad conocido el paradero se este sanguinario asesino que se encontró súbitamente beneficiado por una decisión unilateral y seguramente errónea de la Audiencia Nacional.
Puede que el Gobierno de Zapatero tenga no pocas culpas por negligencia ‘in vigilando’, puede que en su anterior etapa de negociación con ETA se hubiese excedido a la hora de forzar la legislación o de intentar ‘orientar’ a los jueces en un determinado sentido. Puede que el responsable de la seguridad del Estado se complazca en demasiadas filigranas y maniobras orquestales en la oscuridad. Pero no es en estos momentos de recibo pretender cargar a Interior y a su titular, Pérez Rubalcaba, con la saga/fuga de Troitiño, ni acusar a los servicios de inteligencia de haber fallado una vez más, como con Josu Ternera o De Juana; tampoco entonces hubo fallos, si no son las lagunas legales, y, además, el caso específico de Ternera presenta perfiles de muy complicado análisis en un comentario de estas dimensiones y alcances.
Lo peor de las disquisiciones (anti) jurídicas que leemos y escuchamos estos días es que dan alas al victimismo de quienes atentan precisamente contra el sistema democrático y garantista que les protege incluso a ellos: ni el Gobierno es culpable de la seguramente imposible ilegalización de Bildu -ha intentado evitar la presentación de estas listas por todos los medios- ni, probablemente, podrá retener mucho más tiempo en prisión a un Arnaldo Otegi al que, entre todos, corremos el riesgo de convertir en una leyenda para los suyos.
Y, así, las disensiones entre PSOE y PP a cuenta de los errores y discrepancias en el mundo judicial no hacen sino redundar en beneficio de quienes todos quisiéramos ver lejos del poder municipal o autonómico. Porque no me digan que la coalición más próxima a los planteamientos de ETA no se está beneficiando, cuando falta un mes para las elecciones, de una publicidad gratuita que sin duda le va a reportar un buen número de votos.
Pienso que ni el Gobierno ha sido capaz de dejar claros sus procedimientos -los ‘métodos Rubalcaba’ siguen despertando demasiadas desconfianzas en la opinión pública- ni la oposición, o al menos algunos portavoces de la oposición, parece dispuesta a olvidar la lucha contra el terror como argumento electoral. Y así andamos; lo peor es que algunos, que del fraude de ley y de la iniquidad han hecho su método de vida, estarán partiéndose de risa…
