MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Una cadena de errores ha permitido que el etarra Antonio Troitiño saliese en libertad seis años antes del cumplimiento total de su condena. A la hora en que escribo este artículo está en busca y captura y se desconoce su paradero. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó su excarcelación en pasado 13 de abril. Lo hizo en virtud de una interpretación de la ley y de la jurisprudencia favorable al preso y que fue corregida seis días después por la misma Sala a partir de una sentencia del Supremo conocida este mismo lunes, a pesar de haber sido dictada veinte días antes. Es inexplicable la tardanza por parte del Supremo en difundir una sentencia que sentaba jurisprudencia para casos futuros. Aunque, incluso sin tal resolución, la Audiencia Nacional tenía margen para encontrar en la letra de la ley y en la doctrina previa los resquicios necesarios como para decretar lo evidente: que un asesino condenado a más de 2000 años de prisión cumpla al menos los 30 marcados como máximo por la ley en su caso.
Eso en el terreno judicial. En el político, el PP pide responsabilidades al Gobierno por no haber evitado su previsible fuga. El caso es que, técnicamente, durante seis días Troitiño ha sido un hombre libre que había pagado sus cuentas con la justicia, y sólo desde hace dos días, después de la rectificación de la Audiencia Nacional, es un delincuente en busca y captura. Rubalcaba sostiene que en un Estado de Derecho la policía no vigila sin orden judicial a ciudadanos libres. Y las hemerotecas nos recuerdan que esa es la misma tesis que expresó Mariano Rajoy en 2002 cuando, siendo vicepresidente del Gobierno, tuvo que enfrentarse a la fuga de Josu Ternera. Entonces, el ahora líder del PP dijo que el Ejecutivo había actuado con absoluta diligencia una vez que el juez dio la orden de buscar al terrorista, pero no pudo hacerlo antes porque «el Gobierno no puede vigilar a persona alguna si no es con autorización judicial, so pena de cometer una acción delictiva». Ya sabemos que Federico Trillo, látigo ahora de Rubalcaba en esta materia, tiene una concepción variable de la responsabilidad política. Baste recordar que nunca se sintió concernido por los despropósitos que condujeron a la doble tragedia del Yak 42: la del accidente y la de la estrafalaria identificación de los cadáveres. Pero le convendría recordar que los ciudadanos sí tienen memoria.
Afrontamos un año de intensidad electoral y no tenemos ninguna esperanza de que el PP orille la política antiterrorista del debate político, como exige el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo que firmaron los dos grandes partidos en el año 2000. Al menos confiemos en que los errores cometidos por los tribunales en la excarcelación del etarra Troitiño no vuelvan a repetirse. Los años 80 fueron los más duros en la actividad de ETA. Ahora se cumplen tres décadas de aquélla teñida de sangre por la banda terrorista. Los autores de aquellos crímenes comenzarán a salir de la cárcel después de cumplir sus penas centenarias y lo justo es que, con la ley en la mano, no les ahorremos ni una hora de prisión.
