El Partido Popular gestionará a partir de ahora el 53,71% del PIB español, un total de 570.730 millones de euros, después de arrebatar el poder al PSOE en Baleares, Castilla-la Mancha, Aragón y Extremadura -tras anunciar IU su abstención en la investidura presidencial-, y al Partido Regionalista de Cantabria en esta última comunidad.
Según la estimación del PIB de 2010 que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que ha recogido Servimedia, el PP, antes de las elecciones autonómicas del 22 de mayo, gestionaba únicamente 443.752 millones (el 42,30% del Producto Interior Bruto).
Si echamos la vista aún más atrás, antes de su victoria en Galicia en 2009, ese porcentaje se limitaba al 36,53%, 388.121 millones de euros de acuerdo con el PIB estimado para todas las comunidades, incluida la gallega, en 2010.
Por el contrario, los socialistas, una vez consumada la pérdida de Extremadura y limitarse a gobernar en Andalucía y el País Vasco, pasarán a gestionar apenas 210.000 millones de euros (el 19,78%), cuando antes controlaban 346.716 (el 32,63%).
No obstante, la diferencia es especialmente dolorosa si se tiene en cuenta que, antes de perder el gobierno de Cataluña en las elecciones de noviembre, los socialistas manejaban 544.635 millones de euros (el 51,25% del total). De hecho, sólo con alzarse con el poder en esta comunidad, CiU ya gestiona 197.919 millones, el 18,63%, apenas un punto menos que un partido de ámbito estatal como es el PSOE.
Hace cuatro años, cuando aún no habían perdido Galicia pero tampoco habían ganado en el País Vasco, los socialistas controlaban 533.366 millones, según los datos actualizados a 2010 (el 50,19% del PIB).
Es decir, que, tanto desde el pasado mes de noviembre como desde las anteriores elecciones autonómicas de 2007, los socialistas han perdido el control de más de 320.000 millones de euros, que suponen 30 puntos porcentuales, casi un tercio, del PIB.
El PIB español en 2010 fue, según los datos del INE, de 1.062.591 millones, resultado de sumar el producto interior bruto de todas las comunidades y ciudades autónomas al «valor añadido de la extrarregio» que suministran la Administración Pública, la Defensa y la Seguridad Social Obligatoria.
