La vicepresidenta económcia del Gobierno, Elena Salgado, ha advertido en el Congreso que «va a ser muy difícil» para las comunidades autónomas, «incluso las gobernadas por el PP», justificar una renuncia a los fondos generados por la recuperación del Impuesto de Patrimonio y, sin embargo, hacen «ajustes en otras partidas sociales del presupuesto».
En respuesta a la diputad de NaBai, UXue Barkos, durante la sesión de control al Gobierno, Salgado ha insistido en que la decisión de recuperar el Impuesto Patrimonio aún tiene que ser decidida por el Consejo de Ministros y «no es este el momento de anticiparlo».
No obstante, ha deslizado que afectará a aquellos con patrimonios más altas y «tratará de dejar fuera» a las clases medias, que era el «defecto fundamental» del tributo en su formulación anterior, para lo que bastará con un decreto ley.
Barkos ha cuestionado el objetivo del Gobierno y del PSOE con una modificación que aborda al final de la legislatura y cuenta con el rechazo de las comunidades del PP e incluso alguna en la que participa el PSOE, como Navarra, cuando «no ha tenido tiempo ni ganas de ganarse una mayoría progresista para sacar adelante en el Parlamento una reforma fiscal efectiva».
Ante esto, Salgado ha defendido que el Gobierno sí ha tomado medidas fiscales que afectan a aquellos «con mayor capacidad económica», como la subida del IRPF para las rentas más altas, cambios en las rentas del capital y las SICAV «para evitar el fraude fiscal», así como la eliminación de algunas exenciones de las indemnizaciones, todas ellas «necesarias para reducir el déficit» como las medidas en el capítulo de gastos.
