Los periodistas no escapan al lenguaje políticamente correcto; es cierto que unas veces lo fabrican ellos, como también lo es que otras se lo imponen los políticos o los funcionarios internacionales. Lo último que he leído en la misma línea de llamar «insurgentes» o «rebeldes» a los terroristas que matan a niños y parados en Irak o «grupo separatista vasco» a ETA, ha sido una crónica relacionada con la sorprendente invasión de varias viviendas en el pueblo de Jun.
La periodista Julia Camacho concluye así la pieza que publica el lunes 31 El Periódico de Cataluña (tan progresista él):
El alcalde de la localidad, José Antonio Rodríguez, explicó que ha tenido que convencer a algunos vecinos para evitar que se tomen la justicia por su mano, «ya que amenazaban con regresar cargados con escopetas». La violencia se extiende también a los singulares intrusos, que amenazaron con una pistola al alcalde en la puerta del consistorio.
¿Hay que explicarle a esta redactora y a su jefe que la primera violencia la cometieron estos delincuentes al expulsar de sus casas a sus legítimos propietarios? Parece que los ocupas se van a ver obligados a defenderse de un linchamiento cometido por las víctimas, que no son capaces de esperar a que se presente el agente judicial para ordenar el lanzamiento. Sólo le falta añadir que “todos somos culpables” de lo que ocurre.
Al menos Camacho admite que la mayoría son gitanos y que también hay involucrada una mafia de rumanos. Hasta hace bien poco, en algunas noticias de sucesos este tipo de datos se omitía con la excusa de no fomentar el racismo. La verdad, yo creo que esa omisión sí es racismo; la identidad, la profesión o la nacionalidad de los delincuentes no debe aparecer en los titulares ni tal vez en la entradilla, pero sí en el cuerpo de la noticia.
Aunque no tenga nada que ver con el libro de estilo y el bokabulario usados en El Periódico de Cataluña, quiero explicar en unas líneas mi ira ante la indefensión en que nos deja el Estado –pagado por nuestros impuestos- a los ciudadanos honrados. ¿Dónde está el juez?, ¿por qué no ha redactado la orden de expulsión? ¡Si tiene miedo, que renuncie a su cargo de funcionario!
Como hemos comprobado en los últimos años, en España, los delincuentes (añadan presuntos, por favor) tienen más derechos que sus víctimas. Los periodistas y oyentes de la COPE, los ciudadanos usurpados de Jun, los vascos antinacionalistas que sufren la kale borroka, los ceutíes y melillenses inermes ante las avalanchas de intrusos… El Gobierno de Rodríguez empieza a incumplir su obligación básica: garantizar la seguridad del pueblo. Si sigue así, no nos puede exigir a los ciudadanos que le obedezcamos.
