España entera y partes de ella están gobernados por individuos que odian la libertad ajena y desea establecer regímenes donde ellos decidan qué es lo que está bien y lo que está mal. No me refiero, en esta ocasión, a los etarras, sino a los peneuvistas y los catalanistas.
Aitor Esteban, diputado por Vizcaya, ha repetido en un artículo la consigna de su partido de que se debe sancionar a los militares, incluso los retirados, que han apoyado al teniente general Mena en sus declaraciones:
La amenaza (sic) al orden democrático y el revuelo que ha causado son lo suficientemente graves como para que la sanción sea ejemplar y se apliquen las correspondientes sanciones económicas o de otra índole a todos aquellos, tanto personas físicas como jurídicas, que han suscrito sus palabras.
Así que los militares no pueden defender la Constitución ni mandar cartas a los periódicos. Y eso que el ministro Bono dijo que él no se “iba a sentir molesto por que un militar cogiese la Constitución y la leyese”.
Esteban Bravo –con esos apellidos, los hermanos Arana sólo le habrían permitido barrer el suelo en el primer batzoki– también atacó mi libertad de expresión, como ya saben los habituales de mi bitácora. ¡Menudo profesor de derecho constitucional que han contratado los jesuitas para su universidad!
El ABC del domingo 15 publicó una amplia información sobre la persecución a la lengua española por parte de las autoridades nacional-socialistas de Cataluña. Y reproduce el testimonio de un comerciante catalán al que el Ayuntamiento de Barcelona quería obligarle a poner los rótulos exclusivamente en catalán, so pena de multas.
Me dio mucha rabia porque es igualmente fascista prohibir el uso de un idioma que obligarte a usarlo
Además, la Generalidad dedica a sus funcionarios-policías a tramitar las quejas de ciudadanos ejemplares que denuncian que en una tienda no les atendieron en catalán.
El objetivo de los catalanistas, incluidos los charnegos del PSC como Manuela de Madre y José Montilla, es construir una sociedad monolingüe, ya establecida en los medios de comunicación públicos y la educación. Las consecuencias ya se notan, incluso aparte del acceso a la función pública, en la tasa del fracaso escolar:
En Cataluña, existe una diferencia muy sustancial entre el rendimiento académico de los alumnos castellanohablantes y catalanohablantes. Sus tasas de fracaso escolar son notablemente distintas: 42.62% y 18.58%, respectivamente.
Como es sencillo de deducir, los nacionalistas dan al idioma mal llamado propio el carácter de factor de estratificación social entre la oligarquía, cuyos hijos acuden a colegios donde aprenden español –el socialista Montilla envía a sus hijas al mismo colegio privado en el que Jordi Pujol y sus hijos estudiaron- y la plebe, que habla catañol.
La meta es el dominio totalitario de la sociedad. Y lamentablemente, los futuros súbditos se lo permiten.
