Este domingo 9 febrero 2014 Jaime González titula ‘La cruz‘ su columna de opinión en el diario ABC.
Hace un año, un grito golpeaba contra los ventanales del Estado de Derecho: «¡Justicia!, ¡Justicia, que declare la Infanta!». Ayer, el grito era distinto: «¡No ha pasado por el detector de metales!». Hace un año, la prueba del nueve de que en España no se cumplía el principio de igualdad ante la ley era la imposibilidad de ver a la hija del Rey declarando ante el juez. Ayer, la prueba del nueve de que no existe una verdadera democracia era que Doña Cristina no fue cacheada a su llegada al juzgado. ¿Y mañana? No lo sé, pero sea cual sea el horizonte penal de la Infanta, está claro que se sucederán los gritos.
Añade:
Doña Cristina lleva prendido a su cintura un reproche social, un estigma imborrable. No se lo quitará nunca de encima, porque su comportamiento -para una gran mayoría- dista mucho de haber sido ejemplar. Su conducta la ha hecho merecedora de la condena de la opinión pública. Méritos ha acumulado para esa reprobación casi general.
Y concluye:
Tal vez sea inevitable la condena social, pero no que la condena social se convierta en un elemento condicionante para una condena penal, porque eso sería tanto como colocar a la Infanta en una situación de excepcionalidad ante la ley. Pedir prudencia y mesura en las actuales circunstancias es clamar en un desierto donde solo parecen escucharse las voces de quienes pretenden aprovechar la situación para emprender una interesada causa general contra la Monarquía. Porque muchos de los que reclaman la cárcel para Doña Cristina no gritan por un afán de justicia, sino para vengarse y derrocar a la Corona en una obscena estrategia de deslegitimación del entero sistema democrático.
