A los nacionalistas se les puede aplicar lo que Gómez-Dávila dice de los izquierdistas: aunque no siempre maten, siempre mienten. En 1989, los jerarcas de CiU se opusieron a un supuesto derecho de autodeterminación del llamado pueblo catalán.
El 12 de diciembre de 1989 los partidos nacionalistas catalanes, con el apoyo de los compañeros de viaje de la izquierda, aprobaron en una comisión del Parlamento regional una proposición no de ley que declaraba que Cataluña era una nación con derecho a constituirse en Estado independiente. La doblez de los nacionalistas se descubre en que para ellos el pacto constitucional, el reconocimiento de la nacionalidad y la concesión de una amplia autonomía no eran más que etapas obtenidas con engaños en el camino a su destino final.
La proposición, redactada por ese jurista excepcional que es Josep Lluís Carod-Rovira, produjo irritación en los máximos dirigentes de CiU y en La Vanguardia. En un editorial del día 14, el periódico del conde de Godó criticó el texto.
El fondo de la cuestión es el uso de la palabra autodeterminación. (…) Así como en 1979 no se hablaba de nación catalana y sin embargo hoy se hace; hasta hoy, sólo grupos radicales hablaban de autodeterminación.
El viento del Báltico no parece sin embargo homologable con una democracia parlamentaria en la que el Parlament –que en los treinta sólo se eligió una vez– se ha elegido y reelegido libremente varias, sin que los partidos que han sacado más votos hayan hablado nunca de autodeterminación. Los ciudadanos se autodeterminaban pacíficamente en el marco de una democracia que para sí quisieran –y quieren– los países del Este. ¿Y qué fue el referéndum del Estatut, sino una forma solemne de autodeterminación en un momento históricamente propicio?
Unos días más tarde, Miquel Roca, secretario general de CDC, parte de CiU, declaró:
Para nosotros, autodeterminación quiere decir autonomía, aunque también es cierto que autodeterminación puede significar independencia, pero para nosotros está claro que autodeterminación no quiere decir independencia, porque nosotros queremos la autonomía y no la independencia.
Jordi Pujol se negó a pronunciarse. Los periodistas le preguntaron el 20 de diciembre en rueda de prensa por su opinión, y él contestó con su muletilla: «Aixo, avui no toca» («Eso hoy no toca»). Como si en vez de un gobernante electo por ciudadanos que tienen derecho a saber fuese un dictador que sólo respondiese ante la historia.
A Josep Antoni Duran Lleida le molestó el debate: «Existe una voluntad mezquina y confusionista para presentar como equivalentes los términos de autodeterminación e independencia». Si su partido, Unió Democràtica, hubiese de ejercitar el derecho de autodeterminación,
no sería partidario de ninguna solución que rompiese el lazo de solidaridad con los restantes pueblos de España. Unió siempre se ha manifestado por una estructura federal y acepta el Estado de las autonomías como paso intermedio.
¿Y qué opinaron los socialistas de esa proposición?
Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno socialista, declaró rotundo que los catalanes, cuando votaron el Estatut, «decidieron mayoritariamente lo que querían en cuanto a la organización del Estado». Y añadió:
Mientras que los socialistas tengamos las responsabilidades que fueren en este país, no sólo no pasaremos por este tipo de planteamientos, que no son precisamente leales a la Constitución y al Estatuto, sino que combatiremos este tipo de pronunciamientos. Evidentemente, los demás son muy libres de plantear lo que quieran. (…) Aquellos que quieran poner en cuestión la unidad del Estado, no sólo se encontrarán junto a ellos al PSOE, sino que lo tendrán enfrente. Nuestra posición respecto a la unidad de España es muy firme.
(El artículo entero, aquí, en Libertad Digital.)
