Resulta que, la reforma fiscal, vendida con tanto alboroto por Montoro y Rajoy como uno de los grandes proyectos de este curso, depende de que las Comunidades Autónomas puedan aplicarla.
O sea, nos habían contado, como siempre, una verdad a medias. Puede que suceda, como ya ocurre con el impuesto de sucesiones o con el del patrimonio que, dependiendo de donde vivas, notarás o no como el Estado devuelve dinero a tu bolsillo.
La suerte de unos ciudadanos o de otros va a depender de los datos del déficit de la comunidad en la que vivan.
Sus dirigentes se verán atrapados en el terrible dilema de cumplir el objetivo del déficit o perder votos en las elecciones de la primavera próxima.
Como viene sucediendo, desde Madrid se apuntan el éxito de bajar unos impuestos que ellos mismos habían subido en contra de lo ofrecido en su programa electoral, y trasladan el problema a los responsables autonómicos a los que exigen, casi pistola en mano, que no se pasen en el gasto.
Precisamente, para cuadrar las cuentas varios gobiernos autonómicos habían elevado dentro de su competencia, aún más, el máximo del IRPF. Así en Cataluña, Andalucía y Asturias el tope máximo de tarifa del IRPF estaba fijado en el 56%.
Dado que la escala autonómica es sobre el cincuenta por ciento de la base liquidable, el asunto no son tres perras. Y afecta también a los mínimos familiar y personal exentos de pago.
Toca pues el meollo de la publicitada reforma fiscal y afecta básicamente a las rentas del trabajo de donde se nutren las arcas del Estado.
Si el Gobierno pretende que la cuota máxima de IRPF pase del 52% al 47%, ¿quién se va a hacer cargo del desfase en los ingresos autonómicos? Al final, unos se apuntan las medallas y otros apechugan con los recortes.
¿El ministro de Hacienda desconocía este dilema justo en un año electoral que es cuando se pretende que entre en vigor la reforma?
Parece evidente que si. Ahora tendrá que explicar a los gobiernos de Valencia y Murcia, los más endeudados y donde las encuestas anuncian un cambio en el poder, como van a hacer la campaña electoral sus compañeros de partido acosados también por escándalos de corrupción. Flaco favor les ha hecho.
Pero, posiblemente, lo más grave del asunto es la desigualdad en el coste de las obligaciones fiscales entre regiones.
Van a seguir pagando más los ciudadanos de las regiones con mayor deuda y donde los recortes en el estado del bienestar han supuesto un grave empeoramiento de derechos básicos en Sanidad o Educación.
Pagan más y tienen menos servicios. Esa alegre promesa de que habría más dinero en las carteras de los españoles para incentivar el consumo y devolver el esfuerzo ante la crisis va a depender del domicilio que figura en el DNI. Así es muy fácil hacer reformas.
