Isaias Lafuente

Burdo prestidigitador.

Muchas mujeres han despertado hoy del sueño de ver cómo Mariano Rajoy guardaba en el cajón la restrictiva Ley del aborto y dimitía su principal apóstol lanzando, eso sí, algunas puyas a su promotor. «Hice lo que me encargaron», dijo Gallardón en un momento de su despedida. Pero tras el sueño, la pesadilla continúa. Porque el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la Ley de plazos sigue vivo e imparable. Desconocemos si Rajoy estaría dispuesto a retirarlo pero, aunque quisiera, no son el gobierno ni el PP ni su grupo parlamentario los que podrían hacerlo sino todos y cada uno de los 71 diputados que en su día lo firmaron. Y dado que algunos de ellos han perdido su condición de parlamentario ya no tendrían potestad para hacerlo. Si a la laberíntica circunstancia añadimos que el ponente en el Tribunal Constitucional para ver el recurso es Andrés Ollero, reconocido antiabortista y antiguo diputado del PP durante 17 años, la perspectiva no es nada halagüeña.

Este es el pequeño embrollo que comienza cuando apenas se había desanudado el anterior. En él, Rajoy seguirá aplicando una ley contra la que ha clamado por tierra, mar y aire, si el TC hace el trabajo que él no ha hecho se verá obligado a convivir con una ley que en su día también recurrió su partido y mientras tanto las mujeres seguirán viviendo en oasis inseguro que en cualquier momento se puede difuminar. Son las consecuencias previsibles cuando el burdo prestidigitador se lanza al espectáculo.

A estas alturas de la historia convendría que de una vez nos pusiéramos de acuerdo en un par de cosas. La primera, que a nadie le gusta el aborto, mucho menos a las mujeres que abortan. La segunda, que más que perseguir a las mujeres que toman tan difícil decisión, entre las que se encuentran personas de toda condición, ideología y creencia, hay que intentar que ni siquiera tengan que llegar a plantearse el dilema. La cifra de 100.000 abortos anuales es insoportable en una sociedad educada, informada y moderna. Lo es en términos absolutos y relativos, porque es paradójico que hoy se produzcan el doble de abortos que a finales del siglo XX cuando la población no se ha multiplicado por dos. La Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo que se pretendía derogar era también y primero una ley de «salud sexual y reproductiva». Si Rajoy quiere buscar de verdad nuevos consensos, tiene campo para hacerlo.

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