El último informe de Caritas es estremecedor: Un total de 2,5 millones de ciudadanos están en riesgo de exclusión social en nuestro país.
En total 600.000 mil más que en el 2012 buscaron ayuda, lo que representa un crecimiento en tan solo un año del 31%.
Cifras que deberían de avergonzar al Gobierno cuando hablan de recuperación económica, que por lo que se ve solo alcanza a algunos privilegiados que aprovechándose de la crisis hoy son aún más ricos de lo que eran hacen tan solo dos años.
Oír a Montoro desgranar los Presupuestos del próximo año produce sonrojo e indignación.
Sonrojo por su escasa capacidad de convicción e indignación porque se debe creer que los ciudadanos somos tontos, no leemos los periódicos o estamos incapacitados para entender unas cifras que solo parecen satisfacer a quién ha hecho los cálculos. Mejor sería que dijeran que la caja esta vacía, que no hay dinero para nada porque hay que pagar una deuda pública que el año próximo superará el 100% del PIB.
¿O alguien se cree que con una subida del obligado 0,25% de las pensiones, una familia puede vivir desahogadamente? Yo desde luego no, más cuando todos sabemos que gracias a esos pensionistas viven numerosas familias que han perdido sus empleos y sus viviendas y no saben qué hacer con sus vidas.
Nadie ha explicado por qué desde que el PP llegó al Gobierno el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está disminuyendo tan escandalosamente, ya que al paso que vamos en dos o tres años más el dinero se habrá esfumado y nadie ha explicado de dónde lo van a reponer.
Existe la creencia, supongo que por comodidad, de que los excluidos sociales son los que llegaron a España en busca de una vida mejor.
Se equivocan, cada vez son más los españoles de la clase media que acuden a los comedores sociales, a las ONG, a las parroquias en busca de alimento, en busca de medicinas, en busca de un poco de oxigeno con el que poder respirar, con el que poder seguir adelante en una sociedad que con demasiada frecuencia se olvida de ellos, de todos, porque si el país va mal va mal para todos: para los funcionarios que ven sus sueldos congelados y a los que ahora quieren engatusar dándoles el trozo de una paga que correspondiéndoles no se les ingresó en sus cuentas corrientes; para los desempleados de larga duración; para la Educación, para la Sanidad, para el mundo de la cultura, y para tantos y tantos otros colectivos que la crisis está dejando en la calle.
No como Gallardon, que al día siguiente de dimitir y sin haberle dado tiempo aún de sacar las cosas de su despacho de ministro, ya tenía trabajo en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
Una entidad que él mismo fundó y de la que va a cobrar 8.500 euros brutos, los mismos que cobran otros muchos privilegiados, entre los que se encuentra Joaquín Leguina, que no ha tenido la gallardía de renunciar a un puesto que no sirve más que para engordar las cuentas de la Comunidad de Madrid.
