Cuesta encontrar palabras en el diccionario para calificar el escándalo de las llamadas tarjetas negras en Bankia, con las que unos cuantos consejeros y directivos se gastaron al menos 15,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, sin que Hacienda se enterase.
Puede ser que encontradas esas palabras incluso haya que buscar más para asociarlas a otras irregularidades en otras cajas, en conocimiento de la fiscalía. El culebrón parece servido, ya que como anuncia el ministro de Economía, Luis de Guindos, las anomalías irán saliendo poco a poco. Una veintena de casos parece estar garantizado.
Lo sucedido avala la tesis de quienes sostienen que los políticos son todos iguales, que todos roban a manos llenas y que a ellos se suman los financieros y los sindicalistas.
También le viene bien esta teoría a quienes creen que las cajas de ahorros eran un cáncer financiero y político.
Sin embargo, quienes apadrinan estas ideas no suelen referirse a quienes fueron los beneficiarios del inmenso agujero de más de 40.000 millones de euros -sí, más de 40.000 millones, puede que incluso más-, encontrado en las cajas y que hubo que tapar con dinero de todos los contribuyentes.
La respuesta a esos tres puntos no requiere calificativos, sino meras constataciones de hechos.
No es verdad que roben todos los políticos ni todos los sindicalistas, por fortuna solo algunos. No es cierto que todas las cajas fuesen un cáncer y la decisión de eliminarlas en bloque fue una medida política que agradó a la banca privada.
¿Acaso hay que hacer desaparecer todos los gobiernos, diputaciones y ayuntamientos donde hubo corrupción e incluso aquellas instituciones donde no la hay? Y, por último, lo que sí es cierto es que aquí hubo que poner más de 40.000 millones de euros en tres cajas: 22.000 millones en Bankia, 12.000 millones en Catalunya Caixa y 9.000 millones en Novacaixagalicia.
A estas alturas ya sabemos casi todos los detalles de los 15,5 millones saqueados en Bankia y susceptibles de una posible apropiación indebida y de un posible delito fiscal. En cambio, apenas sabemos nada de los más de 40.000 millones de euros que pagamos entre todos, con gravísimas repercusiones colaterales para las víctimas de las preferentes, los accionistas e incluso los depositantes.
Tampoco sabemos mucho de las indemnizaciones de ciertos ex directivos, y eso que alguna de ellas ya superaba los 15 millones de euros. Cada uno puede encontrar los calificativos que quiera para cada cosa. Lo que ya no podrá es cambiar los ceros de unas operaciones y de otras.
