Desde el Banco de España al Tribunal de Cuentas, desde el CGPJ hasta el Defensor del Pueblo

España: ¿Un país de estafadores?

España: ¿Un país de estafadores?
Derroche y despilfarro PD

¿Es España un país de estafadores? Las noticias de los últimos meses -o años- confirman que éste es un lugar donde los listos, los tramposos y los golfos tienen barra libre y se pueden llevar a casa millones de euros con tanta facilidad como falta de control de las instituciones que deberían evitarlo.

Desde el Banco de España al Tribunal de Cuentas, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Defensor del Pueblo, pasando por otros muchos organismos.

Las Cajas de Ahorro eran instituciones de crédito que funcionaban relativamente bien hasta que los políticos -partidos, organizaciones empresariales y sindicatos- entraron en sus órganos de gobierno, las saquearon y las hundieron, haciendo que los ciudadanos pagáramos el robo a mano armada de miles de millones de euros.

En varias comunidades autónomas -Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y otras- el escándalo de los cursos de formación, el pago de comisiones o el 3 o el 5 por ciento de obligado cumplimiento han sido un cáncer que, sorprendentemente, no ha quebrado las arcas públicas, aunque nos ha dejado con una deuda pública casi insostenible. Y aún se extrañan de que la calle se rebele y dé a luz partidos con propuestas que nos acercan al populismo venezolano.

Sumen a eso la existencia de gobernantes que se saltan las leyes impunemente en un desafío al Estado de Derecho o la aparición de otros que un día proponen que desaparezca el Ministerio de Defensa y otro que haya funerales de Estado por las víctimas del «terrorismo machista», con presencia de los ministros y que minutos después dice que no ha dicho lo que dijo.

O la de un presidente de Gobierno, y de muchos de sus ministros, incapaces de dialogar con los sectores sociales o de buscar soluciones pactadas en asuntos fundamentales como son, no sólo la organización del Estado, sino la justicia, la sanidad o la educación, por no hablar del empleo, que a pesar de los últimos acontecimientos, sigue siendo el gran problema sin resolver.

Si Mariano Rajoy y Pedro Sánchez fueran verdaderamente conscientes de la situación de España, estarían reunidos, sin levantarse de la mesa hasta acabar la tarea, buscando un acuerdo urgente sobre medidas para poner coto a la corrupción, para la imprescindible regeneración, para la estabilidad política y para la lucha contra el desempleo, que son los grandes problemas de este país. Los urgentes y los importantes.

Deberían empezar por limitar el poder omnímodo de los partidos, acordar la formación de órganos de control externo realmente independientes y firmar un compromiso para expulsar, no ya de sus partidos, sino del país a tanto corrupto suelto.

Es sorprendente que, pese a todo, los inversores extranjeros sigan eligiendo España para traer su dinero.

¿Se imaginan lo que pasaría si éste fuera un país seguro jurídicamente y libre de corrupción?

Entre tantas malas noticias, una buena: la Justicia funciona, gracias a jueces independientes, y los medios de comunicación siguen llevando a sus portadas los escándalos de tantos golfos apandadores. Que ninguno baje la guardia.

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