Alguien dijo: «no es la gente que está en la cárcel la que me preocupa, sino la que no lo está».
Habría que hacerle un monumento y ponerlo delante del Congreso de los Diputados.
Ahora mismo hay cientos de alcaldes -solo en Andalucía un centenar-, políticos de todos los partidos -concejales, ex ministros, ex vicepresidentes del Gobierno, ex presidentes de comunidades autónomas- procesados o a punto de serlo. Alguno hay en chirona, pero la mayoría sigue en la calle.
En la lista hay, también, altos cargos de la patronal. Y hasta los sindicatos, reacios siempre a reconocer la viga en el ojo propio, han tenido que expulsar a dirigentes de primer nivel que se lo han estado llevando crudo durante años.
Lo de algunas autonomías, como Andalucía con los ERE o Cataluña con el escándalo de la familia Pujol, es insostenible y más que suficiente para que la protesta social acabara con todos los delincuentes y llevara a la cárcel a cuantos, mereciéndola, aún duermen en sus casas. Instituciones Penitenciarias va a tener que construir módulos especiales para tanto chorizo con coche oficial.
Hernández Moltó, que pidió a Mariano Rubio desde en un escaño del Congreso que le mirara a los ojos, reprochándole lo peor, camufló pérdidas de mil millones en Caja Castilla-La Mancha como si fueran beneficios de 39 millones. Con toda paz. Ahora, demasiados años después, dicen que el fiscal pide para él sólo dos años y medio de prisión.
Puede que ni pise la cárcel. Las Cajas de Ahorro, que eran entidades que desarrollaban una gran labor social y que ayudaron a millones de españoles a comprar un piso, un coche o a pagar la carrera a sus hijos, no sólo nos han costado más de 50.000 millones -más de 1.000 euros por ciudadano- sino una enorme desafección social.
Y todo porque un grupo de «representantes» de partidos, sindicatos y patronales se hicieron de oro a nuestra costa sin que quien los nombró, quien estaba encargado de vigilarlos y quien regulaba los mercados se enterara de nada.
Más que la cárcel, lo que deberíamos exigir es que pidan perdón públicamente y que devuelvan, con intereses de usura, lo que robaron. Pero no sólo ellos.
Cuesta una inmensidad creer que nadie en Cataluña se enteraba de los trapicheos de la familia Pujol; que nadie en el PP conocía los manejos de Correa y Bárcenas o la existencia de una caja «b»; que nadie en los sindicatos, en la patronal, en los partidos o en el Banco de España sabían nada de las tarjetas black; que nadie en el PSOE o en la Junta de Andalucía sabía los de los ERE; que tanta gente tan lista ignoraba los saqueos a los que tantos estaban sometiendo las arcas públicas o semipúblicas.
Dicen que PP y PSOE firmarán en los próximos días un pacto anticorrupción. Sinceramente yo sólo espero que la Justicia haga pagar a todos los corruptos el daño que han hecho al Estado, a la democracia y a la confianza social.
