Este 5 de noviembre de 2014 escribe Joan Tapia en El Confidencial una columna titulada ‘¿Especie de insurrección?‘ en la que arranca diciendo:
Nadie sabe lo que va a pasar el domingo tras la prohibición por el Constitucional del ‘proceso participativo’ o la ‘seudoconsulta’ y tras la primera reacción del portavoz Homs afirmando que la Generalitat seguirá adelante (asegura que no hace nada de lo que prohíbe el tribunal). Y que además convoca una reunión el viernes del ‘Pacte Nacional pel Dret a Decidir’, plataforma que reúne a unas cien entidades entre partidos, asociaciones diversas y grupos proconsulta y que preside el democristiano Joan Rigol.
Y añade que:
Y en estas circunstancias, el Gobierno de Madrid se ve impelido a recurrir también una convocatoria mixta: ‘seudoconsulta’ y manifestación. ¿No había una solución más inteligente? ¿Es sensato prohibir lo que el constitucionalista Javier Pérez Royo describió como «el derecho al pataleo»? Y ahora la Generalitat parece que dice que sigue adelante. ¿Se verá obligado el Gobierno español a elevar el grado de respuesta jurídica? ¿Y eso -que sería un nuevo error- a quién beneficiaría.
Y concluye que:
Pero en vez de escuchar a Muñoz Machado y de hacer números, Rajoy ha preferido recurrir la ‘seudoconsulta’ al Constitucional, matar moscas a cañonazos, lo que siempre hace mucho ruido y es poco ecológico. Y ayer les decía a los congresistas del Instituto de la Empresa Familiar en Alicante que no veía factible pactar una reforma constitucional con los nacionalistas. Vale, pero la alternativa no debe ser continuar diciendo que no mientras en Cataluña sube la desafección de la que ya advirtió José Montilla hace… ¿casi diez años?
