Una de las tres «c» del drama nacional, la de Cataluña, nos distrae de las otras dos: crisis y corrupción. Sobre todo de la segunda, que parece la interminable y tóxica enredadera de la vida pública. Ni un día sin caso. La última, esa trama detectada en trece provincias cuyo modus operandi era básicamente el mismo que en estos momentos tiene judicialmente empapelados a más de doscientos políticos en toda España. A saber: cobros bajo cuerda a cambio de concesiones administrativas o carga de trabajo para las agradecidas empresas.
Las treinta y dos personas detenidas por la Guardia Civil, a las órdenes de la juez Mercedes Alaya, a principios de semana, amañaban los contratos a cambio de sobornos en dinero o en especie. Y siempre bajo ese manto de impunidad que otorgan los segundos niveles de la Administración Pública, en los que se mueven a sus anchas los subalternos y los asesores de áreas de gestión potencialmente más activas, como el urbanismo, el mantenimiento de parques y jardines, la recogida de basuras, el alumbrado público, etc. Y una vez más el fenómeno de la corrupción aparece marcado por el preocupante signo de la transversalidad. O sea, la condición humana y su capacidad derogatoria de las fronteras políticas, amén de las geográficas. Entre los detenidos hay personas de siete Comunidades Autónomas y al menos tres partidos políticos diferentes. Un «entramado criminal», según la UCO (Unidad operativa de la Guardia Civil contra la corrupción), en el que se aprecia la comisión de presuntos delitos como blanqueo de capitales, falsedad en documento, delito fiscal, prevaricación y otros. Y todo se descubrió a partir de la contabilidad «b» de la empresa Fitonovo, descubierta en el verano de 2013, donde las facturas por los trabajos reales llevados a cabo aparecían infladas con las cantidades, también reales, con las que la empresa iba gratificando los favores. En este clima de amontonamiento interminable de nuevos casos de corrupción que saltan a diario se dispone el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en el Congreso para anunciar las reformas legales que prepara en la supuesta cruzada anticorrupción aireada por Moncloa. Consciente de los davastadores efectos de esta lacra sobre en la imagen de la clase política, y la de su propio partido, el PP, Rajoy trataba de ponerse hace unos días en el lugar de los ciudadanos que se tapan la nariz. «Entiendo y comprendo su preocupación», decía hace unos días el presidente del Gobierno. A ver si lo empieza a demostrar con hechos a partir de la citada comparecencia ante la Cámara.
