La Constitución del 78, la que refrendó las libertades tras la ominosa dictadura, la que ha logrado para este país el periodo más largo y fecundo de paz y prosperidad, está vieja. La sociedad de entonces empujó a una clase política nacida en el franquismo a lograr el consenso. Amparados por las instituciones, definidas precisamente en el texto constitucional, los partidos han anulado la independencia de los órganos llamados a controlarles. Así que, el Partido Popular, sintiéndose cómodo al ocuparlo todo, ha decidido que la Carta Magna es intocable.
Lógicamente la oposición es la más partidaria de la reforma pero, salvo para dos aspectos concretos que no necesitaron referéndum posterior, el texto no se ha tocado en treinta y seis años en los que UCD, PSOE y PP se han alternado en el poder.
Al igual que las Cortes de Franco se autoinmolaron al aprobar la Ley de la Reforma Política, las siglas de ahora deberían renunciar a gran parte de sus privilegios (entre ellos el escándalo de los aforamientos) para salvaguardar la democracia, sumida en un fangal por la utilización torticera de la Justicia a la que se ha privado de su independencia.
No es que la intocable Constitución necesite una relectura, es que debe ser modificada a fondo para lograr un nuevo marco legal que permita la convivencia de quienes ahora se quieren marchar de España. La pretensión de eliminar, únicamente, la discriminación en los derechos de sucesión a la Corona se ha visto superada por los graves problemas que afectan a una sociedad castigada por una crisis económica que ha puesto en evidencia la fragilidad de unos derechos sociales que nunca se recogieron en el texto del 78.
¿De donde viene el miedo pavoroso del Partido Popular a cambiar una sola línea? ¿Es un interés partidista el que ha llevado a Mariano Rajoy a despachar de forma despectiva la propuesta de Pedro Sánchez, presentada esta semana en el Congreso? Su cerrazón coincide con la imposibilidad que manifiestan sus dirigentes de asumir que los escándalos de corrupción van a acabar con el bipartidismo.
Recordando la actitud del presidente del Gobierno cuando estalló el caso Bárcenas y su negativa casi pueril a llamarle por su nombre, como si lo que no se mencionara dejara de existir por ensalmo, se comprende que no quiera ni oír, ni hablar de cambio alguno.
Y, mientras ellos celebran un año más la onomástica de la Constitución, fotografiándose relajados en los salones de La Carrera de San Jerónimo, los ciudadanos, desengañados de la clase política, no entienden como es imposible el consenso cuando el grado de deterioro de la vida pública lleva a que más del sesenta y tres por ciento considere la corrupción e principal problema del país.
Solo una reforma constitucional que redibuje el marco de convivencia permitirá ofrecer a Cataluña y al resto de comunidades una razón para seguir juntos. Solo un nuevo diseño de las instituciones, respetando su independencia, permitirá que recuperen el respeto y el prestigio de los hombres y mujeres a los que sirven. Es imprescindible.
