Francisco Muro

El descrédito.

Si Mariano Rajoy, que ya afirma que va a ser candidato en 2015, en lugar de decir que será el partido quién decida quién lo elija cuando toque -viva la democracia interna- y Pedro Sánchez, que ni siquiera él puede decir que lo será, sin permiso de Susana Díaz… si ambos quieren tener alguna opción de gobernar la próxima legislatura con una cierta autonomía, ya pueden ponerse las pilas y empezar desde ahora a hacer cosas muy diferentes a las que hacen.

El descrédito de las instituciones, provocado por el desmedido afán de los partidos de gobernar de espaldas a la democracia y a los ciudadanos, de utilizar esas instituciones en beneficio de intereses partidistas y de no afrontar ya mediante pactos las reformas necesarias, están posibilitando la desafección de los ciudadanos y llevándonos a todos a una situación en la que pueden tener responsabilidades de gobierno quienes pueden rematar definitivamente la democracia y la libertad.

La quiebra del Estado de Derecho sólo se puede afrontar hoy mediante una reforma profunda de la Constitución. Se puede hacer con normalidad si PP y PSOE, con otros aliados, se ponen a trabajar en serio, o se puede dejar para el futuro, comprometiendo así que haya que hacerla con la participación de quienes no creen en el sistema democrático. Se puede hacer desde el poder -difícil, por falta de voluntad y por exceso de partidismo- o se puede hacer dando voz a los que saben: catedráticos, intelectuales, filósofos, pensadores, expertos no vinculados a los partidos que propongan ideas desde la sociedad civil y desde la inteligencia en libertad para afrontar el futuro. A los políticos no les interesa nada lo que va más allá de los cuatro años de una Legislatura. A los ciudadanos nos debería interesar qué país vamos a tener dentro de diez o veinte años.

Esa reforma debería incluir la del Parlamento, cada vez menos representativo de la voluntad ciudadana y más dependiente de los aparatos de los partidos; la de la organización territorial del Estado, para poner punto final a la reclamación permanente de los nacionalismos y conseguir que los españoles sean iguales y tengan los mismos derechos, vivan donde vivan; la del Tribunal Constitucional, errado tantas veces por su dependencia política; y la de la Justicia, usada arteramente por los políticos, desenfrenada en la regulación legislativa, carente de pactos indispensables y culpable de una fuerte inseguridad jurídica que aleja a los ciudadanos de la defensa de sus derechos y protege a las grandes empresas y a las Administraciones públicas. No hacer esta reforma cuanto antes no sólo es una frivolidad, sino un inmenso error político.

La corrupción de algunos de los que deberían haber sido los más ejemplares ha cavado el descrédito de todos los demás, en muchas ocasiones cómplices por omisión o por tolerancia de esos comportamientos. La parte buena es que gracias a algunos jueces, realmente independientes, y a los medios de comunicación, con todos sus defectos, los corruptos acaban en los papeles, en los banquillos o en las prisiones. Sin ellos, el estado de Derecho ya estaría definitivamente enterrado.

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