Esther Esteban

Cristina y la justicia.

Iñaki Urdangarin y Diego Torrres fueron los ideadores, ejecutores y beneficiarios de una estructura artificial tejida en torno al instituto Noos, gracias a la cual se apropiaron, supuestamente, de 6,2 millones de euros públicos entre el 2002 y el 2007. Eso es lo que cree el fiscal Pedro Horrach que pide para ellos 19 y 16 años de prisión por ocho delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, estafa, delito fiscal, fraude a la Administración y falsedad en documento mercantil y en documento público.

Con esta conclusión de la fiscalía está claro que casi con total seguridad al Duque de Palma le veremos entrar en prisión, y ahora el objetivo de algunos por lo que algunos es evitar ver en semejante trance a su esposa.

En su alegato el fiscal intenta, por todos los medios, exculpar a la infanta Cristina, lo que ha levantado no pocas sospechas. Considera que es aplicable en este caso la llamado doctrina Botín y por eso no se puede juzgar a la infanta y en esta suerte de que al menos en apariencia el fiscal sea en realidad el abogado defensor muchos han querido ver la mano de todo el aparato del Estado que no está dispuesto a que se cumpla aquello que dijo el propio Rey Juan Carlos de que la justicia es igual para todos.

El otro día en un debate de televisión en Andalucía, las llamadas de los espectadores eran coincidentes ante la pregunta, sin trampa ni cartón, de si los españoles somos iguales ante la ley: «si la tonadillera está en la cárcel que la infanta también entre en prisión» repetían insistentemente todas las llamadas que llegaron hasta el programa. Al final veremos qué pasa pero desde el desconocimiento judicial llama mucho la atención que la infanta no supiera nada de los que se estaba cociendo en la sociedad de la que era parte.

A mi me parece mucho mas sostenible lo que llevan planteando, desde hace tiempo, los tres magistrados de la Audiencia de Palma y del propio juez Castro que consideran a la Infanta de forma «innegable» e «inobjetable» coparticipe con su esposo de una sociedad ficticia que contribuyó a defraudar a Hacienda y se benefició de ello.

El asunto ahora es si se puede o no aplicar la llamada doctrina Botín, y no son pocos los juristas que creen que ésta sólo se puede aplicar a los delitos que vulneran bienes jurídicos estrictamente individuales, pero no cuando lo que lesionan son intereses colectivos como el Patrimonio de la Hacienda Pública. Lo que se trataría de evitar es que la hermana del Rey Felipe VI se siente en el banquillo de los acusados y para eso nada mejor que no entrar siquiera en el fondo de la cuestión.

Ya veremos al final lo que pasa, aunque lo cierto es que Cristina de Borbón ya está sentenciada por la justicia popular, esa que está señalando a los poderosos de cualquier pelaje como culpables de la situación a la que ha llegado este país.

Se mire por donde se mire este caso, de momento, ya se ha llevado por delante a un Rey y aunque la abdicación de Don Juan Carlos, da la impresión de que ha servido de bálsamo para evitar la caída libre de credibilidad en la que se encontraba la más alta institución, los peligros que acechan a la jefatura del Estado son evidentes. ¿Quién tiene razón quienes dicen que la Justicia debe ser igual para todos y no castigar a nadie por ser quien es, o quienes sostienen que para que la justicia sea igual para todos no debe exonerar a nadie por ser quien es?. Ante tal tesitura sólo se puede decir que la Justicia ha de ser justa y equitativa aunque lo que para algunos es justo para otros sea una injusticia flagrante.

A estas alturas de la película y cuando ya han pasado por el banquillo y por la cárcel desde folclóricas a ministros, pasando por una variopinta panoplia de representantes de la más alta y más baja sociedad, a nadie le escandaliza nada, aunque en según que casos se lleven por delante algunos conceptos esenciales como la ejemplaridad que se le debe suponer a los representantes públicos. Sea como fuere en esta eclosión de asuntos judiciales lo que se está resintiendo, y mucho es el tema de la igualdad. Este perfil de mujeres suficientemente preparadas que ocupan altos cargos de responsabilidad y que, casualmente, cuando se trata de responder ante la Justicia se nos presentan como meras marionetas, tontas y noñas en manos de sus maridos que ni sabían, ni leían, ni escuchaban, ni preguntaban nada, limitándose a firmar lo que les ponían delante, es un insulto a la inteligencia y le hace un flaco servicio a esa igualdad por la que muchas luchamos y cuyo camino se presenta lleno de obstáculos.

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