Hay jueces que terminan convirtiéndose en personajes públicos, en ocasiones a su pesar. Ahí esta el caso del juez Castro, del juez Ruz o de la jueza Alaya.
Los tres han abordado asuntos de enorme trascendencia pública, que afecta nada menos que a la Familia Real, y a los dos grandes partidos sobre los que se ha sustentado la gobernabilidad de España.
Y no, no lo han tenido fácil, no se lo han hecho fácil, es más, se han convertido en personajes molestos para algunos precisamente por hacer su trabajo, que no es otro que hacer prevalecer la ley.
En los últimos días los ciudadanos nos hemos visto sorprendidos por la noticia de que al juez Ruz le quieren quitar la plaza que provisionalmente tiene en la Audiencia Nacional.
De la misma manera que estamos expectantes ante la decisión que pueda adoptar el juez Castro y posteriormente la Audiencia de Palma, ante la petición del fiscal Horrach de diciecinueve años de cárcel para Iñaki Urdangarin y la exoneración de la Infanta Cristina.
El escrito de conclusiones del fiscal Horrach contiene frases durísimas hacia el juez Castro. Eso sí, la opinión pública seguirá sin comprender por qué a la esposa de Diego Torres se la señala como culpable, y le piden también unos cuántos años de cárcel, mientras que a la Infanta Cristina el fiscal le exonera de toda responsabilidad.
Hay que recordar el calvario que ha sufrido el juez Castro durante el tiempo que ha durado la investigación. No es difícil intuir las presiones, directas o indirectas, a las que se ha visto sometido. Tampoco cuesta imaginar el coste del desencuentro con quién había sido un amigo como el fiscal Horrach.
Así que mientras el caso Urdangarin llega a su final, otro caso, el de la trama Gürtel, está a punto de perder al magistrado que ha venido instruyendo el sumario. Es incomprensible que de repente se saque a concurso la plaza del juez Ruz que es quién ha llevado a cabo la instrucción.
El juez Ruz ha tenido un comportamiento impecable, ateniéndose al espíritu y a la letra de la ley en la instrucción de este caso, y sin duda habrá tenido que sortear también presiones.
No es fácil investigar a quienes tienen que ver con el PODER, y escribo PODER con letras mayúsculas. Y sin embargo tanto Castro como Ruz lo han hecho con profesionalidad.
Al juez Castro le han venido haciendo la vida imposible y al juez Ruz le sacan a concurso su puesto en la Audiencia Nacional que es una manera de apartarle del caso. La verdad es que es un error, que deja en evidencia, a quienes han mostrado tanta diligencia por impedir que sea Ruz quién termine de concluir el caso Gürtel.
Lo único que han conseguido es escandalizar a la opinión pública y sobre todo que prenda la desconfianza. De la misma manera que las campañas nauseabundas que en su día se pusieron en marcha contra el juez Castro dio la medida del nerviosismo en ciertas terminales del Poder.
Ruz y Castro son dos tipos de jueces distintos, pero ambos han actuado con profesionalidad y respeto escrupuloso a la ley.
Ahora, el caso Urdangarin llega al final, y la única sombra que va a quedar es si la exoneración de la Infanta es justa o injusta precisamente por las discrepancias que ha habido entre juez y fiscal. De la misma manera que a los ciudadanos nos quedará la duda de si la sustitución del juez Ruz tiene que ver con que este juez ha sido capaz de señalar que el PP se ha financiado de manera irregular lo que deja en entredicho a sus dirigentes, a los pasados y a los presentes.
Claro que a lo mejor el juez Ruz logra terminar la instrucción antes del mes de marzo, que es cuando sacan a concurso su plaza. Ojalá. Por lo pronto IU ha planteado en el Parlamento un debate sobre la necesidad de que los jueces que están en comisión de servicios en un juzgado y que entienden de una causa de trascendencia pública no puedan ser apartados de su puesto. Imagínense lo poco que ha gustado esta iniciativa a la bancada popular.
No, no debe de ser fácil para un juez tener que ahondar en los asuntos del PODER. A la vista está.
