Los casos de corrupción colapsan los juzgados. Jueces y fiscales se quejan, con razón, de la falta de medios.
En pleno siglo XXI las imágenes de juzgados con sumarios depositados en el suelo, apilados junto a estanterías desbordadas por cientos de legajos, contrastan con la modernidad de otras áreas de la Administración. Caso, por ejemplo, de la Agencia Tributaria.
¿Por qué las oficinas del Fisco disponen de la red informática ultra moderna que se les niega a los juzgados? La respuesta remite antes al ámbito de la voluntad política que a las partidas presupuestarias.
Pese a la precariedad de medios -incluida el limitado número de jueces y fiscales- que enlentece las investigaciones y el cierre de sumarios, circunstancias que obligan a la Justicia a avanzar a paso de buey, afortunadamente, llega a donde tiene que llegar. Con retraso, pero llega. Cinco años ha tardado en sentar en el banquillo a los imputados en el «caso Pretoria».
Dos «pretorianos» de Jordi Pujol: el ex «conseller» Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, secretario general de la «Generalitat». También están en la trama un ex diputado socialista, Luis Andrés García y un ex alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC).
Están acusados de diversos pelotazos relacionados con recalificaciones urbanísticas delictivas. Según consigna el sumario se habrían embolsado alrededor de 21 millones de euros.
Algo menos, unos 17 millones, es la cantidad de dinero cuya procedencia tendrán que aclarar los miembros de la familia de Jordi Pujol con el patriarca a la cabeza, su mujer y tres de los hijos, que están llamados a declarar como imputados el próximo 27 de enero.
En Valencia están procesados por un presunto delito electoral (falsedad electoral y posible financiación ilegal) una veintena de personas, algunos ex dirigentes del PP regional caso de Vicente Rambla, ex vicepresidente del «Consell» y Ricardo Costa, antiguo secretario general del partido.
El caso se arrastra desde 2007 y algunas de sus ramificaciones remiten a la trama «Gürtel» que conduce a la presunta financiación ilegal del PP y que en Madrid investiga desde hace años el juez Pablo Ruz.
Un lustro, lleva la juez Mercedes Alaya completando el sumario del «caso Mercasevilla», un expolio de 18 millones de euros que entre otros presuntos «comisionistas» tiene imputado a un ex alto cargo de la Junta de Andalucía. Por no hablar del sumario-río de los ERE.
La Justicia avanza con lentitud, a paso de buey, pero para bien del futuro del sistema democrático, avanza. Es nuestra esperanza. Aunque en esa esperanza hay que consignar derrotas como la que supone la dimisión de Eduardo Torres-Dulce, el Fiscal General del Estado.
Se ha ido porque estaba harto. Harto de las trabas del poder político. El mismo que restringe los medios que jueces y fiscales necesitan para librarnos de tanta corrupción.
