La fiscalía anticorrupción ha ratificado punto por punto el auto del juez Ruz sobre los manejos de la trama Gürtel en connivencia con el Partido Popular. En un auto durísimo, pide un chaparrón de penas para los dirigentes, no solo de la trama, si no también a destacados dirigentes del partido del Gobierno, entre ellos a sus tres últimos tesoreros.
El juicio está previsto para finales de este año electoral de 2015 y una petición tan alta de penas podría llevar al ciudadano a pensar que hay consenso en hacer de esta causa un ejemplo de la intolerancia ante la corrupción. Nada más lejos de la realidad. De los ciento veinticinco años solicitados para Correa o de los cuarenta y dos para Bárcenas, la vista oral supondrá su reducción a la cuarta parte. Y es lógico, teniendo en cuenta que no hay delitos de sangre por medio. Pero el riesgo es crear en la sociedad unas expectativas de propósito de enmienda en la corrupción que ensucia a la clase política, y que se acaben viendo como una teatralización de los castigos.
Aunque el Gobierno, María Dolores de Cospedal o Carlos Floriano, miren para otro lado, el auto de la fiscalía corrobora que el PP se financió de forma irregular a través de una «CajaB» de la que la Hacienda Pública, tan diligente persiguiendo a los que defraudan con el IRPF, no vio, ni sospechó, ni investigó.
Vista la impunidad, su último tesorero, el ínclito Luis Bárcenas, repartía en montoncitos las ganancias ilícitas y se quedaba con una parte que guardaba en cuentas en Suiza. Todo eso describe el fiscal con minuciosidad. De ese asalto a los fondos públicos, de ese fraude a Hacienda participaron, «a título lucrativo», la formación presidida por Mariano Rajoy y algún dirigente como Ana Mato, la que no sabía que su marido tenía un «Jaguar» en el garaje.
De todas las promesas de lucha contra la corrupción que el PP hizo al llegar al Gobierno, la mayoría duerme el sueño de los justos y en otras se han rebajado tanto las exigencias que suenan a chiste. Por ejemplo: se pretende que las donaciones privadas a los partidos pasen a ser delito cuando superen los quinientos mil euros. ¡Oh casualidad! Ninguno de los donantes del PP, que obtuvieron obra pública a cambio, superó nunca esa cifra.
El auto llega en el momento en que Floriano ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las autonómicas y municipales de mayo; cuando comienzan a publicarse las primeras páginas de publicidad, y se intenta recuperar el favor de la calle con imágenes de proximidad. Próximos sí, pero no revueltos. Eso ha debido pensar la cúpula popular cuando se han acercado los periodistas a preguntar por el auto del fiscal. Nadie ha querido dar la cara. Ahora toca hablar de recuperación económica, a ver si cuela.
