Ferm’n Bocos

El escándalo Rato.

En el Gobierno están preocupados por el «caso Rato». No es para menos. Las últimas noticias que afectan al ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex director general de FMI, son demoledoras: se habría acogido a la amnistía fiscal de 2012 regularizando fondos cuya procedencia está siendo investigada. Aunque ha declinado comentar el asunto, no ha desmentido la noticia que le sitúa en la lista de los 705 ciudadanos que habían ocultado al Fisco cantidades de dinero por importe superior a los 500.000 euros. Invocando la normativa en vigor que declara que este tipo de datos son reservados, desde el Ministerio de Hacienda se han negado a facilitar más información. Pero las palabras de Luis de Guindos, a la sazón ministro de Economía, son reveladoras de la distancia que quieren marcar los miembros del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy respecto de su compañero de antaño. «No puedo comentar nada -ha dicho-, pero se cumplirá la ley». Cuando Rato era el poderoso «número dos» del Gobierno presidido por José María Aznar y todo el mundo daba por hecho que sería el hombre señalado para heredar la presidencia del PP, De Guindos era uno de sus más colaboradores más allegdos. Se comprende la preocupación porque Rodrigo Rato es una figura pública ligada históricamente a las siglas del PP. Su imagen pública estaba ya tocada por el «caso Bankia», el escándalo de las tarjetas «black» y la imputación judicial por la dudosa salida a Bolsa de esta entidad. Que quien fue vicepresidente y ministro de Economía, el «hombre que pudo reinar» -Aznar le propuso ser el sucesor, idea que rechazó, para después, ya sin éxito, reconsiderar la oferta-, haya podido ocultar cantidades importantes de dinero al Fisco, es un escándalo mayúsculo. Un escándalo al que -si se confirma que Hacienda rastrea el origen de pagos recibidos de una determinada entidad bancaria, pagos opacos- se podría añadir el escolio infamante de la apertura de un nuevo procedimiento judicial en su contra. La amnistía del 2012 aseguraba la confidencialidad a quienes se acogieron a ella, pero no declaraba prescritas las posibles responsabilidades derivadas del origen dudoso o ilícito de los fondos declarados. El escándalo Rato no ha hecho más que empezar. Es fácil entender el por qué de la preocupación del Gobierno. Y no sólo por hallarnos en vísperas electorales. Que también.

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