Los indicios apuntan a que el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, ha sido puesto a los pies de los caballos por inconfesada decisión política de un Gobierno necesitado de convencer a los electores de que su lucha contra la corrupción va en serio. Más allá del imperio de la ley como signo de salud democrática, se ha hecho muy visible la sobreactuación por parte de organismos e instituciones que, como la Agencia Tributaria, la Fiscalía o el Servicio contra el Blanqueo de Capitales, son brazos de actuación del Ejecutivo.
En esta valoración del articulista también se incluye la actuación de la cúpula del PP, partido al que Rato pertenece, aunque su militancia esté en situación de baja temporal desde hace seis meses, a raíz del caso de las tarjetas black. Su brillante hoja de servicios no ha merecido ni una llamada telefónica de Génova. No interesa escucharle, conocer su versión de los hechos o, al menos, concederle el beneficio de la duda en nombre de la presunción de inocencia. Véanse los antecedentes. No es este el trato dispensado en su día al extesorero, Luis Bárcenas («Resiste, Luis, hacemos lo que podemos») o a al exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, al que Rajoy llegó a poner modelo a imitar. En el caso de Rato el desmarque de los dirigentes del partido ha sido clamoroso. Ni siquiera el principio de presunción de inocencia entra en el argumentario distribuido entre dichos dirigentes. Ahí se propone el desahucio y la abominación preventiva de Rodrigo Rato. Para ello se da por sentado que ha evadido impuestos y se aconseja abochornarse por anticipado («en el caso de que se demuestre el origen ilícito del dinero», leo textualmente). En la valoración inicial del escándalo como «un asunto personal», la doctrina oficial de Génova quedó rectificada por Rajoy, al recordar que Rato fue «un activo muy importante del PP». Por su parte, el interesado lo niega todo. Empezando por la fortunita de 26 millones de euros que se le atribuye («Ni mucho menos», ha declarado a la agencia Efe). Y siguiendo por los casi dos millones y medios de euros supuestamente defraudados entre 2011 y 2013. De todos el entramado societario que se le adjudica, sólo admite una sociedad en Inglaterra y la participación accionarial en un hotel de Berlín, lo cual es probablemente cierto si tenemos en cuenta que en el resto del entramado figuran otros nombres utilizados como burladeros fiscales. En cualquier caso, nada de «asunto personal», tratándose de quien se trata. Así lo entienden los ciudadanos, que ven el escándalo otro golpe a la credibilidad del Gobierno del PP en sus esfuerzos por demostrar que lava más blanco que otros en materia de lucha contra la corrupción. Si es verdadero el propósito de la enmienda, me temo que llega tarde, aunque sirva de danza de apareamiento con Ciudadanos. Las excitantes vísperas electorales tienen la culpa de las prisas y las prisas tienen la culpa de una sobreactuación a la medida del chivo expiatorio.
