Apenas veinticuatro horas ha tardado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en rectificar sus declaraciones en las que anunciaba que estaba pensando en modificar la ley para penar a quienes filtraran sumarios.
En vista del «chorreo» que la estaba cayendo desde casi todos los medios, Catalá ha dicho que no le hemos entendido bien, que solo se refería a un debate que hay en el seno de la UE sobre como garantizar los derechos de las personas enjuiciadas, y que hay que buscar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, pero que nadie se altere porque no está en su intención castigar a la prensa. El ministro ha desandado el camino porque sus declaraciones eran lo único que le faltaba al PP en estos momentos, ponerse a los periodistas en contra porque querer limitar el derecho a la información. En realidad la responsabilidad última de que se publique un sumario de no es de los periodistas. El deber de los medios es informar así de simple y así de claro. Ahora bien habría que preguntarse si quienes tienen que custodiar los sumarios cumplen adecuadamente con su función. Porque está claro que si un sumario se publica es porque alguien lo filtra, y ese alguien siempre pertenece al ámbito de los juzgados. O sea que si el ministro cree que debe de acabar con las filtraciones ya sabe por donde empezar pero intentar amordazar a los periodistas no es que sea una equivocación, sino que es un despropósito que atenta contra la libertad de expresión. Lo cierto es que muchos en el PP se están aún preguntando quién o quienes filtraron las investigaciones de la Agencia Tributaria a Rodrigo Rato y quién o quienes decidieron llamar a los medios para que pudieran retransmitir en directo la detención de Rato. En este caso el ministro Catalá lo tiene fácil. Vamos, a estas alturas no queda nadie por saber quién fue el «filtrador» de que a Rato se le investigaba. El ministro tiene al «filtrador» muy cerca. Es lo que suele pasar en este y en todos los casos. Cuando se «filtra» algo es porque alguien tiene interés en que lo que «filtra» se conozca. Incluidos los sumarios. Y la responsabilidad no es de la prensa sino de los filtradores. Los periodistas tenemos la obligación de informar, de contar todo lo que sucede alrededor de un caso, el que sea, y si nos llega información, una vez contrastada, nuestra obligación es publicarla. Ya digo que el ministro Catalá en vista de la que se le venia encima parece haber rectificado, en cualquier caso si tanto le preocupa que se filtren los sumarios que busque entre quienes los filtran y no entre quienes los publican.
