Este 3 de junio de 2015, escribe Pablo Molina en Libertad Digital una columna titulada ‘La amenaza de los impolutos’ en la que arranca diciendo:
La existencia o no de imputados en las listas de los partidos es el eje central sobre el cual está girando todo el proceso de acuerdos para formar gobiernos municipales y autonómicos. Los proyectos políticos, los programas económicos y las decisiones sobre el uso del dinero público quedan en segundo plano frente a la existencia o no de imputados en las listas de los partidos con aspiraciones a alcanzar una alcaldía o la presidencia de una comunidad autónoma.
Añade que:
Tantos años de tertulias televisivas con monjas peronistas y caciques rebotados de FE y de las JONS impartiendo lecciones de democracia han acabado surtiendo efecto. La política española está en una situación tal que el requerimiento de un juzgado comarcal puede decidir quién gobierna en una región. El PSOE y Podemos se frotan las manos confiando en que este chorreo de imputaciones a políticos del PP impida un acuerdo de los populares con Ciudadanos, llave capaz de abrir las puertas de la presidencia de cuatro comunidades autónomas y varias decenas de importantes ayuntamientos.
Y concluye que:
Que está muy bien, sí, pero a la hora de permitir gobernar a unos o a otros igual merecería la pena atender a otros razonamientos. Sobre todo cuando los que aspiran a sustituir a los imputados se abalanzan sobre las arcas públicas con hambre atrasada de 20 años.
