El diario El País publica este 5 de junio de 2015 un editorial titulado ‘Dimitir a tiempo’ en el que arranca diciendo:
El debate sobre si la imputación judicial es suficiente para que el afectado abandone la vida pública o si hay que esperar a la apertura de juicio ha quedado atrás por la presión social contra la corrupción. Los nuevos dirigentes tienen necesidad de demostrar a los ciudadanos que han emergido para algo, como lo prueba la rapidez con que Albert Rivera ha atribuido a su partido el mérito de las dimisiones de Salvador Victoria y Lucía Figar, consejeros de la Comunidad de Madrid imputados en la Operación Púnica.
Añade que:
Todo eso comenzó a cambiar a finales de 2014, cuando las encuestas apuntaron el tsunami electoral que estamos viviendo. Y se ha reafirmado con mayor contundencia a partir del mensaje de las urnas autonómicas y municipales, que deja a las fuerzas políticas en situación de incertidumbre ante la decisiva contienda de las elecciones generales.
Y concluye que:
La política ha jugado a combinar con excesiva soltura las responsabilidades penales con la rendición de cuentas por la gestión realizada. El político tiene que responder ante los electores y no solo ante los jueces. El abuso en la mezcla constante de ambos planos ha llevado a muchos votantes a decir: ya basta.