Este 21 de julio de 2015 el editorial de El País, que se titula ‘Saltarse las leyes‘, arranca así:
La ilegalidad no proporciona legitimidad, por más que sus promotores se encuentren con una victoria electoral en el camino. Los atajos o los fraudes de ley son inadmisibles, sean normas transitorias o propuestas para desconectarse de la legalidad española que lleven a la ruptura constitucional. Lejos de reducirse a un problema formal o una preocupación juridicista, el fondo del asunto es el necesario respeto a la ley que caracteriza a las sociedades civilizadas.
Continúa:
La dinámica en que Artur Mas lleva embarcado desde 2012 -cuando perdió respaldo electoral tras anticipar los comicios en más de dos años- se ha basado en la creación permanente de sucesos y operaciones tacticistas con las que tensa cada vez más la cuerda.
[…]
Estamos ante la enésima pirueta del presidente de la Generalitat de Cataluña para sobrevivir políticamente. Sin embargo (y salvando todas las distancias), el caso de Alexis Tsipras demuestra los límites de las maniobras: en medio de las tensiones con el conjunto de la UE, y singularmente con los países del euro, el primer ministro griego organizó y ganó un referéndum que solo le sirvió para asumir un plan europeo más duro que el planteado inicialmente.
Por supuesto que las votaciones son la base de la democracia, a condición de no confundir deliberadamente a los electores. Una cosa es que el principio esencial radique en la capacidad de los ciudadanos de guiar la dirección de la política; y otra, que los líderes engañen o confundan a los votantes con simplezas que aumentan la frustración y multiplican las dificultades a la hora de gestionar las situaciones de crisis.
Finaliza:
Pero Mas debe tener muy claro que existen límites en la determinación de lo que puede debatirse y acordarse en las instituciones autonómicas. En ellas no caben propuestas que vulneren principios constitucionales, como el que atribuye la soberanía al pueblo español, «del que emanan los poderes del Estado».
El presidente de la Generalitat de Cataluña debería tenerlo muy en cuenta, puesto que no en vano es la primera autoridad del Estado en Cataluña: una característica que define los márgenes de los que dispone para manejar legítimamente la autonomía.
