Editorial de 'El País'

Pese a las presiones de Artur Mas, el TSJC debe distinguir desobediencia de delito

Pese a las presiones de Artur Mas, el TSJC debe distinguir desobediencia de delito

Titula ‘El País‘ su editorial este 14 de octubre de 2015 «Despenalizar la política» y reflexiona sobre lo que sería más sensato, desde el punto de vista político y legal, en el turbio asunto del reto que Artur Mas y los dirigentes independentistas catalanes hacen al Estado de Derecho:

Es tan negativo el intento de judicializar la política como inconsistente la tentativa de obstaculizar políticamente una decisión judicial. Dicho de otra manera: cualquier invasión del ámbito ejecutivo por el judicial, o a la inversa, condicionar a los jueces a base de movilizarse bajo las ventanas de sus despachos, quiebra el respeto a la independencia y separación de poderes en una democracia liberal.

Y sigue:

Esos principios, que deberían ser obvios, no parece que lo fueran para el Gobierno en su empeño contra una -por otra parte desleal- maniobra de sortear la legalidad por parte del Gobierno catalán, el 9-N de 2014, cuando desobedeció al Tribunal Constitucional que había prohibido un «proceso participativo» o sucedáneo de referéndum por la independencia. Ni tampoco para el Gobierno en funciones de Artur Mas, que busca otra vez, mediante inaceptables presiones callejeras contra el más alto tribunal catalán, capitalizar aquella equivocación y erigirse en víctima acreedora de compasión popular en busca de capital político para reeditar su presidencia.

Continua:

Si esta última maniobra no fuese preocupante, sería patética. Calca la algarada organizada por su antecesor Jordi Pujol en 1984 contra la querella de la fiscalía por sus turbios manejos en el caso Banca Catalana […].

Añade:

Todo ello no impide recordar, como viene sosteniendo este diario, que la indubitada presión del Gobierno para que la fiscalía se querellase contra Mas fue un error mayúsculo, amén de un abuso político.

Y concluye:

Convendría más que nunca que el tribunal ponderase al detalle; y si no constata una evidencia de culpa fuera de toda duda, apelase al carácter garantista del derecho penal y actuase en consecuencia, archivando el caso. En bien de la seguridad jurídica, cuanto antes, mejor.

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