Ignacio Camacho

«El TC autoriza al Parlamento catalán un acto cuyo carácter delictivo es expreso»

"El TC autoriza al Parlamento catalán un acto cuyo carácter delictivo es expreso"
Ignacio Camacho. PD

Ignacio Camacho, por su parte, es de los que se posiciona este 7 de noviembre de 2015 con millones de ciudadanos que no entiende la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que el Parlamento catalán pueda dar vía libre a un acto sedicioso:

Por compromiso con sus propios principios, el Estado de Derecho da a menudo la impresión de comportarse como una «democracia tonta», un sistema que permite a sus enemigos aprovecharse de sus garantías para combatirlo. Esa es la sensación que deja la decisión del Tribunal Constitucional de permitir el pleno en el que el Parlamento catalán pretende aprobar el inicio de la ruptura con España. Para proteger el bien de la libertad de debate, da vía libre a una iniciativa destinada a desobedecer la Constitución que ampara esa misma libertad, aunque advierta, faltaría más, que revocará la resolución rebelde una vez formulada. Roma locuta, causa finita, dice el adagio: oída la autoridad, se acabó la discusión. Sin embargo, aunque en derecho no cabe actuar contra hipótesis queda en el aire la duda de si estamos ante un supuesto de iter criminis, un delito en fase de ejecución y anunciado en grado de tentativa.

Apunta que:

Esa declaración va a causar un mal concreto e incontestable; constituye el comienzo de un proceso de sedición, de un golpe al Estado democrático. Quedará sin valor legal cuando el Constitucional la anule previo recurso del Gobierno, pero producirá un efecto político evidente, que es el que buscan sus promotores: el de la secesión psicológica. Y de algún modo, en cuanto incluye el explícito desacato al propio tribunal de garantías, establece el comienzo de una peligrosa y tal vez imprevisible dinámica de hechos consumados: el «principio de efectividad» del que hablan algunos expertos. En su interpretación garantista, el TC ha soslayado la voluntad de los soberanistas de efectuar un pronunciamiento contra su propia autoridad y la del ordenamiento que representa y defiende.

Esa intencionalidad no debería quedar al margen de la evaluación de un organismo en cuya naturaleza conviven el ámbito jurídico y el político. Tan política ha sido la deliberación que es fácil hallar en ella un propósito de unanimidad destinado a reforzar la contundencia del pronunciamiento… y a robustecer el próximo veredicto sobre la moción una vez aprobada. El fallo contiene un aspecto de transacción interna entre las diversas corrientes -político-ideológicas- del propio Tribunal, que pretende dotarse de previsora consistencia argumental a sí mismo. Pero para ello autoriza un acto cuyo carácter delictivo está expreso en su propia letra y contenido.

Concluye que:

El Constitucional podía haber suspendido la sesión del Parlament de forma cautelar, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Hay especialistas que opinan que esta posibilidad requería el recurso del Gobierno sobre la calificación de la Mesa, no el amparo solicitado por algunos miembros de la misma. De ser así, estaríamos de nuevo ante una estrategia política inducida en este caso por el poder. Y entonces habría que recordar que si el Derecho puede incurrir en contradicciones, los actos políticos conllevan responsabilidades.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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