Hay que remontarse mucho para encontrar normalidad parlamentaria y democrática en España porque los grandes partidos renunciaron a la responsabilidad del diálogo y entendimiento en temas de estado, salvo contadas ocasiones.
Ahora es un buen momento para demostrar responsabilidad. Llegados al punto de que quienes regentas las instituciones de Cataluña no respetan la ley, que puede esperarse.
El escenario del 20-D está condicionado por el desafío antidemocrático de los promotores de la independencia en Cataluña y por la conmoción de los atentados de París.
Promover el incumplimiento de la ley es esencialmente antidemocrático en una sociedad que dispone de un estado de derecho. Y los que no quieren incumplir la ley no son demócratas. Inventarse mandatos de la ciudadanía para vulnerar la ley se asienta en el mismo principio de los golpes de estado que reclaman actuar al margen de la ley por el apoyo ciudadano a su causa.
El 1 de octubre de 1962, las autoridades de Misisipi negaron el acceso a la universidad al primer estudiante negro que quiso matricularse amparado por el Tribunal Supremo.
El presidente J. F. Kennedy envió la Guardia Nacional a la Universidad de Misisipi para que se cumpliera una sentencia del Tribunal Supremo.
El gobernador segregacionista Ross Barnet no solo se negó a acatar la sentencia del Supremo, sino que la desafió y alentó manifestaciones racistas que acabaron en disturbios graves. John F. Kennedy manifestó: «La ley obliga a todos por igual y no se puede admitir nunca su incumplimiento». Y no cedió al chantaje de los segregacionistas que disponían de apoyo mayoritario entre los ciudadanos del estado de Alabama.
Tras días de grandes disturbios que ocasionaron muertos, James Meredith finalmente fue admitido como el primer estudiante negro en Misisipi. Y ante la Guardia Nacional los segregacionistas del sur tuvieron que bajar el espinazo antidemocrático. Hoy no hay segregación activa en los estados del sur.
En Cataluña hay que hacer cumplir la ley con la ley en la mano. Y, desde luego, estudiar medidas políticas para conseguir que quienes pretenden separarse por la fuerza de España lleguen a sentirse cómodos con nuestra Constitución. No hay que tener complejos para hacer cumplir la ley.
Esta situación, este reto contra la democracia, condiciona la campaña electoral. Y se corre el riesgo, que habrá que asumir, de que algún partido o el propio Gobierno saque ventaja de esta situación. Los electores tendrán que juzgar el comportamiento de los líderes políticos.
Los sangrientos atentados de París han dejado Europa en estado de shock. La precampaña electoral ha sido suspendida al punto de que el PSOE, que tenía previsto celebrar una conferencia política para la que se habían desplazado a Madrid mil quinientos militantes, la canceló.
Estas dos sombras negras marcan la agenda electoral. Y el reto es sobrepasarlas, realizar un debate político y dejar que los ciudadanos se expresen en las urnas.
Pero es buena ocasión para recordar que quien promueve el incumplimiento de la ley y nada menos que la desobediencia al Tribunal Constitucional no puede ser patriota de ninguna patria. Es, sencillamente un antidemócrata que amenaza nuestro sistema de convivencia, igual que el gobernador Ross Barnet hizo en el estado de Alabama.
