Victoria Prego se hace eco de la propuesta de Pablo Iglesias en el debate del 30 de noviembre de 2015 en El País sobre la obligación de que quien es presidente de Gobierno tenga que acudir a todos los debates electorales. No obstante le pide un planteamiento más riguroso y no una reflexión más propia de un alumno de 14 años para su gacetilla escolar:
Se ha ido arriba Pablo Iglesias después de que los usuarios de internet le dieran ayer la victoria en el debate a tres preparado para cuatro y en el que no se admitieron sustitutos. Se ha ido arriba y ahora quiere marcarle por ley al presidente del Gobierno el número de comparecencias que tiene que hacer ante los periodistas y el modo en que tiene que hacerlas. Es más, quiere imponer por ley al presidente que participe en los debates electorales, no en todos, ha dicho, sólo en algunos, aunque no ha precisado en cuántos.
No le falta razón al líder de Podemos cuando reclama que los ciudadanos se aseguren por ley la celebración de debates electorales, aunque lo verdaderamente deseable es que eso fuera fruto de la costumbre y de una exigencia mantenida por parte de la población y aceptada por los líderes políticos. Pero lo que parece plantear Iglesias es la aprobación de una ley para el presidente o más bien contra el presidente porque no menciona a ningún otro representante de la política que tuviera que verse sometido a ese imperativo legal. Hay que afinar más la propuesta porque así planteada parece la idea de un alumno de 14 años publicada en la revista colegial.
Concede que:
Los debates son necesarios, imprescindibles de hecho, en una democracia. Y todos los líderes políticos que concurran a unas elecciones deberían participar en ellos. Pero eso es algo que se alcanza por consenso. En realidad, sólo se podría regular la celebración de los que se consideran unánimemente encuentros obligados y ésos son los que tienen lugar entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, porque él será en todo caso el que esté en condiciones de arrebatarle el poder a quien en ese momento lo ocupe. No es posible, y desde luego no es deseable, que la ley pretenda regular algo tan amplio y tan contradictorio como, por ejemplo, lo que sucedió el lunes pasado, en el que se confrontaban cuatro posiciones -tres, en realidad- pero al que no fueron invitados dos líderes que sí tienen ahora mismo representación parlamentaria como los de UPyD e IU.
Ciertamente, tenía más interés el debate que se celebró, pero eso es algo que una ley, con vocación por principio de permanencia, no puede en modo alguno regular porque no puede contemplar novedades como las que ahora se están produciendo en la vida política española, según las cuales hay dos fuerzas emergentes que van a entrar en el Parlamento y otras dos, las mencionadas, que lo tienen más difícil. Pero es que estamos hablando de conjeturas y esa no es materia legislable.
Finaliza así:
Por lo que se refiere a las comparecencias del presidente ante los medios de comunicación, nada nos gustaría más a los periodistas que tener al presidente todos los días en la sala de prensa, pero mejor será dejar a la insistencia de los profesionales de la información, y a sus protestas si llega el caso, la frecuencia con la que un jefe de Gobierno acuda a dar explicaciones a los ciudadanos. Eso es algo que debe imponerse por la vía de los usos y costumbres, sin llegar a reclamar la vía de una ley cuya aprobación carecería de sentido en una democracia asentada. El Estado debe dejar pasar el aire entre los gobernantes y los gobernados porque un exceso de control de todas las actividades públicas, ruedas de prensa incluidas, llevaría a la esclerosis del sistema.
