La ley D’Hondt atribuye proporcionalmente escaños en función del número de votos recibidos, del número de escaños por circunscripción y del número de provincias por las que se presente un partido. Todo cuenta en la «teoría de los restos». Por ejemplo, las candidaturas de ERC en cuatro provincias han obtenido casi 600.000 votos y nueve escaños. Y las del PNV han logrado seis diputados con 301.585 votos. Por el contrario, Unidad Popular/IU, con 923.000 votos, ha obtenido dos escaños, exactamente los mismos que Bildu con 218.500 aproximadamente. En definitiva, a IU le cuesta 461.000 sufragios lograr un escaño, mientras que al PNV, por ejemplo, apenas 50.000. En Soria, por ejemplo, el PSOE consiguió un escaño con apenas 12.200 papeletas, mientras que en Madrid hacen falta casi 97.000.
Por eso, siempre ha habido partidos perjudicados que han argumentado que la ley electoral necesita una reforma profunda. Sin embargo, hasta ahora era tradición que el partido más votado y con más escaños tuviese el encargo de formar gobierno. Y lo hacía, bien con pactos puntuales, bien con alianzas de legislatura, bien con mayorías absolutas. Eso sí, siempre eran PSOE o PP.
Ahora las urnas han dado un vuelco, y el sistema empieza a demostrar una cierta fatiga de materiales, o una situación de «bloqueo» institucional que nunca se previó porque no era factible. Hoy con Podemos (20,66% y 69 escaños de 5.187.000 votantes) y Ciudadanos (13,93% y 40 escaños de 3.500.000 electores), los números no cuadran a PP o PSOE… a no ser que pacten con partidos independentistas, antisistema, comunistas o anarquistas, por ejemplo. Un choque brutal de programas para una legislatura inestable en cualquier caso. Si España tuviese un sistema con una circunscripción única (así es en los comicios europeos), serían precisos unos 70.200 votos por cada escaño, y tanto IU como Ciudadanos habrían salido beneficiados, con 11 y 10 escaños más, respectivamente.
