Dedica Casimiro García Abadillo su columna de este 12 de enero de 2016 al juicio de Palma y desde un ángulo no trillado. Afirma, por ejemplo, de salida que si vivieramos en un país anglosajón, Estados Unidos, por ejemplo, seguramente la Infanta no se habría sentado en el banquillo:
- Si así fuera, la doctrina Botín tendría el valor de una norma y no sería, por tanto, interpretable. No haría falta que ningún abogado rebuscara en un olvidado caso, como hizo James Stewart en Anatomía de un asesinato (Otto Preminger, 1959), para encontrar la clave, la duda razonable, que, finalmente, sirvió de apoyo para evitar la condena por asesinato de su clienta, la atractiva Laura Manion (Lee Remick), porque una doctrina que lleva el nombre de un banquero difícilmente se olvida.
- El abogado de Cristina de Borbón, el brillante y vehemente Jesús María Silva, aportó al tribunal hasta 10 sentencias que desarrollan la doctrina Botín y que avalarían que su clienta -acusada de colaboración en dos delitos fiscales- no debería estar presente en la sala.
- Sólo hubiera sido necesaria una sentencia si dicha doctrina estuviera consolidada por el Tribunal Supremo, como defendieron apasionadamente el fiscal Horrach y la abogada del Estado Dolores Ripoll. La prueba evidente de que eso no es así es que no sólo el juez Castro, o la Sección Segunda de la Audiencia de Palma han sostenido lo contrario, sino que juristas tan prestigiosos como Enrique Gimbernat insisten en calificarla de «antigualla».
- El momento crítico de la jornada de ayer (dedicada a cuestiones preliminares, aunque sustanciales, como es el caso de la imputación de la hija y hermana de Rey) fue cuando la abogada del Estado afirmó que la expresión «Hacienda somos todos» utilizada como argumento para sostener que no hay un único perjudicado -la Agencia Tributaria- cuando se defrauda al fisco y, por tanto, que no es de aplicación la citada doctrina, es simplemente un «reclamo publicitario».
- Utilicemos la lógica. Si, como vino a decir la abogada, no se puede afirmar que «Hacienda somos todos», significaría que no todos los ciudadanos resultan perjudicados de la defraudación fiscal. O bien, que tributar conforme a lo que establecen las normas no redunda directamente en beneficio de todos los ciudadanos.Una cosa es que la defensa jurídica de los intereses de la Hacienda Pública sea ejercida por la Abogacía del Estado y otra muy distinta es que el único perjudicado por la defraudación fiscal sea el erario.
- El bien jurídico a proteger no es sólo la pérdida de ingresos que el posible delito puede suponer para las arcas del Estado, sino el de la obligación que tenemos todos los ciudadanos para con el bien común a la hora de pagar nuestros impuestos.
- La campaña publicitaria a la que hace referencia la abogada Ripoll se llevó a cabo precisamente para fomentar la idea de que el pago de impuestos redunda en beneficio de la comunidad y no sólo en el correcto funcionamiento de la Administración Tributaria.
- Creo que la Abogacía del Estado ha utilizado el peor de los argumentos posibles, porque, en efecto, muchos ciudadanos piensan que Hacienda no somos todos y actúan en consecuencia: defraudando.
- Lo que clama al cielo -argumento coincidente de la defensa, el fiscal y la Abogacía del Estado- es que se sostenga que, por los mismos hechos, sí hay delito para unos (Urdangarin) y no para otros (la Infanta). Desde ese punto de vista, Hacienda, en efecto, no somos todos.
