Cristóbal Valladolid

¿Persona non grata o enemigo del pueblo?

¿Persona non grata o enemigo del pueblo?
Cristóbal Valladolid. PD

En la URSS de Stalin se declaraba «enemigo del pueblo»a todo sospechoso de oposición al régimen, declaración que normalmente llevaba aparejada su posterior detención y juicio rápido por una troika, que tras declararle culpable de forma automática, lo ejecutaba inmediatamente en el patio trasero del juzgado.

Así lo cuenta en sus memorias, Nikita Kruscheff ex Secretario General del PCUS, el Partido Comunista de la URSS.

Ahora los nuevos bolcheviques son mas civilizados y hemos pasado del «enemigo del pueblo» a la «persona non grata», ya no se ejecuta a nadie, pero el procedimiento es el mismo, se declara non grata a una persona, y un tribunal político la juzga en el ayuntamiento, sin su presencia, ni defensa, ni garantia procesal alguna, y se le coloca un estigma.

Con el agravante de que mucha gente, la clientela de los actuantes, cree que este paripé, es una resolución ajustada a Derecho.

Espero que el Sr. Rajoy salga de su caparazón y dé la respuesta adecuada al Ayuntamiento de Pontevedra, y no porque siendo quien es, se le haya declarado persona non grata, sino porque debe desterrarse de una vez por todas esta practica que está tomando fuerza y que es completamente ilegal y atenta contra la dignidad y el prestigio de quienes la sufren.

Ya en 1998, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el tema de si los ayuntamientos u otras instituciones públicas están habilitados para realizar estas declaraciones y desde entonces, siempre lo ha hecho en el mismo sentido: no, no se puede.

No hay ningún precepto legal que habilite a ningún ayuntamiento para declarar persona non grata a ninguna persona, tanto física como jurídica, sin esa habilitación legal, la resolución administrativa municipal que atribuye calificativos a sus administrados, no es legítima y, por lo tanto, es nula, por ser contraria a Derecho.

Dice el Supremo: «las Administraciones Públicas disponen de suficientes mecanismos de autotutela declarativa, ejecutiva y de coerción, incluso, para evitar o eliminar tal clase de actuación o comportamiento, sin recurrir a una descalificación formal, que puede comportar un desprestigio y, en todo caso, un reproche sin respaldo normativo ni garantía de procedimiento»

Los ayuntamientos, y más si cabe, los de las ciudades de la entidad de Pontevedra, están asesoradas legalmente y los responsables políticos, saben que estas declaraciones carecen de efectos jurídicos y que son ilegales, pero lo hacen para desprestigiar.

Es una forma de hacer política mediante el descrédito del adversario, desde la oficialidad, desde una institución pública supuestamente dedicada al interés general, y lugar no adecuado para tácticas electorales de partido.

Las resoluciones formuladas a sabiendas de su ilegalidad, constituyen un delito de prevaricación, y sus autores, son perseguible penalmente.

Lo que pasa, es que el Sr. Rajoy, mal aconsejado como siempre, nada va a hacer al respecto para no situarse en el punto de mira de los antisistema, a pesar de que esta proposición ilegal, de persona non grata, ha sido promovida nada menos que por el PSOE para congraciarse con sus colegas neo comunistas.

No es broma

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