Se sabía casi todo de la «operación Púnica», un mefítico caso de corrupción organizado por algunos políticos y constructores que operaban en Madrid, pero nos faltaba el relato en primera persona de uno de los corruptores.
Un constructor que admite haberse hecho multimillonario sobornando a varios políticos madrileños del PP y también alguno del PSOE. Salvo Francisco Granados (en tiempos mano derecha de Esperanza Aguirre), el resto de los señalados con receptores de comisiones y regalos (entre ellos uno que en la actualidad es consejero de la CAM) han negado la mayor y anuncian querellas contra David Marjaliza que así se llama el empresario que parece haber llegado a un pacto de alivio de condena con el Fiscal a cambio de «cantar».
De denunciar los sórdidos detalles del modus operandi establecido por una trama que durante nueve años -«una época de locura», según el testimonio de constructor- manejaron a su antojo el urbanismo de algunos de los principales municipios de la comunidad.
De creer a Margaliza -y eso es lo que investiga el juez Eloy Velasco- con la varita municipal mágica que permite recalificaciones de terreno rústico en suelo urbanizable, millones de euros cambiaron de manos. En metálico la mar de las veces; otras en forma de regalos o pago de actos de partido. El relato describe un tiempo en el que algunos políticos aprovechándose de su posición urdieron un plan para sistematizar el cobro de comisiones: ¡hasta del 20% para Granados¡ o seis mil euros por vivienda protegida construida.
El proceso no podía ser más desaprensivo, la cantidad pagada en forma de mordida incrementaba el coste de la obra cuyo presupuesto era pagado por los ayuntamientos al tiempo que encarecía el precio de la obra a sus futuros propietarios o inquilinos.
El caso de algunos grupos de viviendas de protección oficial construidas en Madrid que de manera harto sospechosa terminó en manos de un grupo inversor extranjero, un fondo buitre que despojó a los inquilinos de algunos de sus derechos desahuciando a otros, también está siendo investigado por otro juzgado de la capital.
La Justicia debe investigar la veracidad de la confesión del constructor «arrepentido». Pero no hace falta esperar a la sentencia para concluir que el descrédito de los políticos es un hecho muy grave que traerá consecuencias. Los sondeos del CIS recogen esa preocupación de los ciudadanos.
Lo que no dice la última encuesta es que la corrupción, cuando se generaliza, pone en peligro el sistema democrático abriendo las puertas a fuerzas políticas de extrema izquierda o de extrema derecha que aprovechan el hartazgo de los ciudadanos para colocar sus recetas populistas. Y en eso estamos.
